Una situación inédita

Concluye por fin un enero que se ha hecho más interminable que nunca y con él la hibernación de las Cortes de Castilla y León, que, por disposición reglamentaria que uno no alcanza a entender, tienen asignado el primer mes del año como periodo vacacional. Si bien dicha circunstancia ha retrasado el debate parlamentario en torno al duro plan de ajuste aprobado el 29 de diciembre pasado por el gobierno de Juan Vicente Herrera, las gélidas temperaturas de las últimas semanas no han enfriado nada el notorio malestar social generado por algunas de esas medidas.

Resulta evidente que la Junta no había calculado ni de lejos la fuerte reacción contraria suscitada por el «centimazo» sanitario, un impuesto rechazado al alimón por la patronal y los sindicatos —con el consiguiente dictamen negativo del Consejo Económico y Social—, que ha puesto en pie de guerra al sector del transporte. Ni siquiera la oferta de devolver a los transportistas la mitad de lo tributado ha apaciguado los ánimos de los profesionales del sector, que siguen sin descartar posibles movilizaciones. No menos patente es el cabreo de los empleados públicos de la Administración Autonómica, que, después de tener los salarios congelados desde mediados del 2010, van a sufrir un incremento de jornada que, amén de condenar al paro a muchos interinos y temporales, puede conllevar una merma en los ingresos de buena parte de los trabajadores fijos. El malestar es especialmente acusado en las plantillas del Sacyl.

En los cerca de 25 años de gobierno del PP en esta comunidad, la izquierda de Castilla y León nunca había dispuesto de tan alto grado de complicidad de los agentes sociales en su labor de oposición a la Junta. O dicho de otro modo: La Junta jamás se ha visto en el trance de imponer medidas impopulares rechazadas conjuntamente por la patronal, los sindicatos y sus propios funcionarios. Por primera vez en tan dilatado periodo, PSOE e IU disponen de la munición y del clima social favorable para desgastar al gobierno autonómico. Y se han puesto a la tarea enmendando a la totalidad la Ley que establece los nuevos impuestos autonómicos.

Esta inédita situación ha desatado ciertos nervios en el seno del Consejo de Gobierno de la Junta. Desde el entorno presidencial se reprocha a determinados consejeros/as su escasa implicación en la defensa ante la opinión pública de las medidas más controvertidas. Y en esta coyuntura el decreciente perfil y reducida presencia del consejero de Economía, Tomás Villanueva, contrasta sobremanera con la permanente exposición mediática de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, quién lleva meses actuando de facto como si tuviera encomendada la vicepresidencia económica inexistente en el actual organigrama.