TRIBUNA
El nuevo rector de la ULE
Pregunté el 6 de marzo al candidato a rector de la Universidad, José Angel Hermida, si estaba dispuesto a bajar un 30% los cargos de la Universidad como se ha comprometido el otro candidato, Juan Francisco García Marín, en su programa electoral pues le parecía una exageración 77 cargos, que eran los que aparecían en la web de la ULE. Nos respondió, en el salón de la Facultad de Educación, que era sorprendente que propusiera dicha reducción García Marín, cuando lo primero que hacía era aumentar un vicegerente. El caso es que finalmente Hermida no se comprometió a bajar ningún porcentaje de cargos en la Universidad.
No sé si hay demasiados cargos, como se afirma, pero lo que sí sé es que con lo que cuestan y con las descargas de trabajo docente que lleva aparejado tener cargo, parece obvio que sería más sensato, en una época de crisis como la que estamos, que se recorten cargos por arriba y no que se apliquen recortes por abajo, despidiendo, por ejemplo, profesorado asociado en verano para no pagarles las vacaciones.
Porque cuando le pregunté al candidato Hermida si, efectivamente, iba a seguir manteniendo la práctica de despedir al profesorado asociado en verano y contratarlo el primer día que empiezan las clases, se limitó a afirmar que así se ahorraba dinero, con el cual se podía contratar a más profesorado asociado. Esta práctica, no sólo supone aumentar la precariedad de un sector creciente del profesorado de nuestra Universidad, sino que supone un perjuicio denunciado reiteradamente por el alumnado que se encuentra en los exámenes de septiembre con profesorado que no ha impartido la docencia de las asignaturas afectadas y que, cuando comienzan las clases, se encuentra con profesorado que se le ha asignado la docencia ese mismo día. Al menos, el candidato García Marín, aseguró que si él llegaba a ser rector erradicaría esta práctica, mostrando que dicho compromiso estaba recogido en su programa electoral.
Igualmente parece que hay una discrepancia sustancial respecto a la exigencia que se les ha hecho a ambos candidatos, por parte de los representantes del profesorado universitario desde la Junta de Personal Docente e Investigador, de que la carga docente de los Profesores y Profesoras Titulares de Escuela Universitaria y de los Profesores Colaboradores sea igual que en la mayoría de las universidades públicas españolas, es decir un máximo de 24 créditos. Si el candidato García Marín aseguraba que se comprometía a ello y lo contemplaba en su programa, el candidato Hermida y rector en este período anterior, respondía a esta cuestión alegando que no era posible. De hecho, a pesar de que se le lleva pidiendo durante todo su mandato, en ningún momento lo ha aplicado.
Al margen de la valoración personal y profesional que ambos candidatos puedan tener, parece que lo anteriormente citado son datos concretos que establecen posiciones claramente diferenciadas en cuanto a la concepción de prioridades y formas de concebir la Universidad que cada uno quiere. No sé si tras las elecciones, pasará como con los dos grandes partidos, el PP y el PSOE, que «donde dije digo, digo Diego» (recordemos la segunda parte de la legislatura de Zapatero con los recortes y reformas laborales que no llevaba en su programa o las promesas electorales de Rajoy que una semana después de ser elegido incumplía). Pero, al menos, nos quedaría el recurso de poder echárselo en cara al candidato elegido si incumpliera su programa alegando, como Zapatero o Rajoy, las exigencias de los «mercados-JCyL».
Pero creo que el meollo donde se debería decidir qué candidato a rector necesitamos es aquel que en su programa y en sus prácticas reales apueste por una Universidad menos mercantilizada y más reivindicativa, centrada en dar respuesta a los problemas de nuestra sociedad que no son únicamente las empresas, hacer patentes o spin off.
Yo le pediría al nuevo rector que apueste por una Universidad entendida como servicio público, que no busque la «competitividad» y la «excelencia», sino la mejor calidad para toda la comunidad universitaria y la cooperación al servicio de la sociedad, para hacerla más justa, más sabia, más universal, más equitativa, más sostenible, orientada a la formación de personas creativas y críticas con una elevada formación cultural y profesional, no una universidad únicamente al servicio del mercado y de las demandas empresariales. Una Universidad que establezca mecanismos para que la transferencia de conocimiento tecnológico sea de dominio público, de pública disponibilidad, no un negocio privado. Una Universidad que elimine cátedras y máster relacionados con fines militares, como la actual Cátedra Almirante Bonifaz de nuestra Universidad. Una Universidad laica y plural que no siga impartiendo la asignatura de religión católica o iniciando el curso con una misa católica.
Un rector que apueste por una representación auténticamente democrática de todos los sectores universitarios en los órganos de gobierno, reequilibrando su representación e incrementando en particular el peso del estudiantado, y propiciando una gestión de esta institución que responda a objetivos formativos y no mercantilistas. Que organice la docencia en grupos realmente reducidos donde se puede desarrollar una metodología docente participativa, en seminarios, basada en la participación activa de las y los estudiantes, mediante la dotación necesaria de profesorado, la adecuación de instalaciones, etc. Para lo cual sería imprescindible que apostara por la reducción de la ratio alumnado-profesorado, tanto en las clases teóricas como en el resto de actividades presenciales (seminarios, tutorías, prácticas, etc.), sin superar en ningún caso un máximo de 50.
Pero todo esto no será posible si no se le dota de recursos suficientes a nuestra Universidad. Y para ello no me sirve un equipo rectoral que haga de «corre ve y dile» del consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, limitándose a aplicar los recortes que el PP está haciendo en todo lo público. Quiero un rector que luche de verdad contra el desmantelamiento de nuestra Universidad Pública y el ahogo económico al que, cada vez con mayor intensidad, someten a nuestra Universidad con el permanente chantaje de los contratos-programa. Quiero un rector que se encierre, si es necesario, en el despacho del consejero de Educación, hasta que éste no incremente la financiación al menos hasta la media universitaria europea, que para eso predican la convergencia europea. Aunque mucho me temo, por las evasivas respuestas que ambos candidatos a rector dieron cuando se les formuló esta cuestión, que ninguno estaba por la labor.