El puesto de Otero exige una explicación

La contratación del ex parlamentario leonesista Joaquín Otero como asesor del Procurador del Común es una decisión como mínimo polémica. No parece oportuno que se opte por colocar a un político en un organismo que ante todo debe ser un auténtico emblema de la independencia entre las instituciones.

Toda la oficina del Procurador del Común debe constituirse desde la base del consenso y por lo tanto no es de recibo que se produzca una contratación que parece más propia de una agencia de colocación de políticos en paro, y más en la situación que está viviendo España en estos momentos. En la provincia de León hay más de 43.000 desempleados que como Otero sueñan con una colocación que suponga unos ingresos de 60.000 euros al año. Pero el resto tendrán que quedarse formando parte de las colas del Inem mientras el ex procurador autonómico leonesista ocupará un puesto que usando los términos de la ciudadanía se denomina «un chollo».

El caso requiere explicaciones y deben darse por tratarse de una institución pública en el lugar adecuado, que son las Cortes de Castilla y León. El contrato de Otero por el Procurador del Común debe aclararse en todos sus términos a la ciudadanía. ¿Hubo un proceso de selección? ¿Cuántos fueron los candidatos? ¿Qué criterios se aplicaron para esta designación como asesor?

Son preguntas fundamentales en democracia y precisan una respuesta clara y urgente porque las sombras generadas por este caso amenazan con dejar tocada a la propia institución del Procurador del Común, un ente que no puede verse envuelto en una componenda como ésta.

El fichaje de Otero parece poco acertado y sin una explicación que disipe las dudas supondrá un nuevo agravio para el ciudadano al que se le están pidiendo constantes esfuerzos.