León

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Desde que Emilio Gutiérrez entró en el Ayuntamiento de León cual elefante en una cacharrería en el establishment leonés, la Fiscalía rebusca si hay urdangarinazos en la Caja y al Rey se le ocurrió pegarse un tiro en el pie en forma de tropezón se ha puesto de moda hablar de los límites de lo privado y de lo público.

En el primer asunto, en los inmunes a las multas dudo que la protección de datos impida difundir un listado de personajes públicos y si es así habrá que modificar la ley porque a diario se publican los listados vía boletín precisamente de quienes deben pagarlas, lo que genera una situación kafkiana. El pagano sale en los papeles y el golferas se va de rositas porque su intimidad es inviolable.

En el segundo de los casos, en la investigación por parte de la Fiscalía sobre los cobros en la Caja tampoco parece que la ley sea muy justa. Los nombres de los morosos salen como hongos en cuanto adeudan un recibo mientras los que reciben suculentas cantidades de unas entidades financieras con supuestos fines sociales que han precisado dinero de los contribuyentes se escudan también en la protección de datos para que nadie sepa la verdad.

Y en el tercer caso, el polémico viaje del Rey, también resulta paradógico que se le exijan con tanta rotundidad explicaciones en un país en el se ha ido de crucero más de un cargo público también como «invitado» por empresas —como se pudo ver en el caso de los espías no espiadores madrileños o hace bastante más tiempo cuando en la Diputación se renovó parte de la maquinaría—, o donde se reciben bolsos, trajes y quien sabe qué más.

Muchas veces da la sensación de que el foco está teledirigido porque se aceptan casos de prebendas sin pudor o se admite como razonable el uso de un avión militar para ir de compras a unos grandes almacenes londinenses mientras se ataca que el único en España que no tiene capacidad de decisión de ningún tipo reciba un regalo en forma de viaje.

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En España se ha respetado al menos hasta ahora la intimidad de los asuntos de entrepierna o aficiones varias de los personajes públicos. Nada que objetar. Pero algo falla cuando ese manto de silencio se intenta extender a los espacios en los que sí interviene el dinero público en el que no vale lo de «no es de nadie» porque los ciudadanos lo tienen que sudar a diario.