Ajuntamientos

Define la Real Academia de la Lengua «ayuntar» como acción de juntar. Palabra antiquísima que pasó a identificar a los ciudadanos reunidos en municipio, gobernados por corregidor y regidores primero y por alcalde y concejales más tarde. Ahora, con las nuevas directrices de «ajuntamientos» que propone el Gobierno de Madrid, a este verbo deberíamos añadirse como sinónimos enterrar, arrinconar, condenar al olvido. Porque obligar a la fusión a aquellos municipios que no llegan a 5.000 habitantes, y se quedan en 4.999, es lo mismo que ofertar en una gran superficie el electrodoméstico en rebajas.

Unas mermas que llegan de la mano, ¡cómo no!, de esa crisis que todo lo justifica, excepto las reducciones de salarios y dietas de nuestros próceres electos. Corte aquí, tajo acullá, lo cierto es que los errores de los bancos y el sistema financiero, amén de los aeropuertos sin viajeros y los frontones sin practicantes promovidos por ilustres gobiernos desde la Transición, acaban cargándose a las espaldas del ciudadano que mal llega con salario, paro o pensión. Todo un ejemplo de justicia social, sin duda.

Ahora, después del copago sanitario y otros sablazos del erario público al privado, llega la fusión de ayuntamientos. Algo especialmente gravoso en aquellos territorios como el nuestro donde alrededor del 95% de los mismos no llegan a esa cifra grabada en la guillotina: 5.000. Cuando caiga la hoja, a pesar de que el Gobierno autonómico ha rechazado tomar esa medida, sólo una docena de municipios se salvarán de la quema en León manteniendo sus circunstancias actuales. Se concentra en ellos más de la mitad de la población, envejecida y obligada a buscar amparo donde hay servicios médicos, protección en último extremo. Porque León se arrastra con las cifras medias de edad apoyado en muletas, pensiones y subsistencias que, en dos décadas, dejaran el territorio más pelado que un yermo de Tierra de Campos.

El Ministerio de Hacienda amenaza con redondear en medio centenar definitivo nuestros municipios. Si extendemos la medida a Castilla y León de los 2.248 que existen sobrevivirían 59, viéndose obligados el resto al ajuntamiento forzoso, amén de la cesión de competencias a las diputaciones, lo que incrementaría el peso político real de éstas. Se busca, o así se pretende ofrecer al público, la optimización de recursos. Mientras, más de uno y de dos votantes se pregunta por la optimización de tanta Delegación Territorial-Diputación Provincial-Subdelegación del Gobierno. Con una que centralizase todo bastaría para evitar esas duplicidades que tanto preocupan a Rajoy y mejorarían nuestros castigados bolsillos. ¿Llegará el momento en que se plantee el Ministerio de Hacienda también estos recortes? Creo que la pregunta se contesta sola.