Defraudación fiscal, una batalla por ganar

El plan de lucha contra el fraude fiscal de la Consejería de Hacienda logró aflorar 101 millones de euros en un año en Castilla y León. La mayor parte corresponden a declaraciones complementarias del impuesto de sucesiones y donaciones y del de actos jurídicos y transmisiones patrimoniales. Sin embargo, la acción de los inspectores permitió también sacar a la luz otros 6,6 millones de euros, imponiéndose sanciones por importe de 1,6 millones. Los 48 expedientes cerrados con sanciones en la provincia (460.000 euros) hicieron aflorar 1.146.000 euros.

España, que apunta al título en fútbol, algo que nos fascina, ya es la campeona del fraude y la economía sumergida en relación con los países de su entorno. Los datos son sencillamente sonrojantes: el 23,3% del Producto Interior Bruto se oculta al fisco.

Es cierto que los resultados del plan de la Junta son todavía muy modestos, pero también lo es que perseguir el fraude y combatir la evasión de capitales constituyen no sólo una obligación política sino también moral de quienes ejercen esa actividad respecto al resto de los ciudadanos, puesto que si se evitasen ambos fenómenos la recaudación fiscal prácticamente se duplicaría.

Si de verdad se actuase valientemente contra la defraudación fiscal, la economía sumergida, el dinero negro, el impago del IVA y los paraísos fiscales seguramente no haría falta hacer tanta sangre en políticas sociales, ni recortar tantos derechos, ni subir esos impuestos que, como el IRPF, no se iban a subir.