Usos y abusos

El gobierno del PP ha parado de golpe el inicio de un debate necesario sobre el derecho de manifestación que, a raíz de los sucesos protagonizados por el llamado movimiento 25-S en torno al Congreso de los diputados, suscitó la delega del gobierno en Madrid. Alegaba Cristina Cifuentes la necesidad de una mejor regulación de este derecho fundamental, recogido en el artículo 21 de nuestra Constitución, por los abusos que se cometen en su uso. Daba la cifra de 2.700 manifestaciones este año, lo que significa que hay días en que las calles madrileñas, casi siempre las mismas, soportan hasta una docena y más de tales manifestaciones, con un daño a los transeúntes y comerciantes de la zona, además de proyectar una imagen negativa de nuestro país, como si viviéramos una conflictividad social poco menos que insoportable.

Evidentemente se trata de una cuestión de interés porque muchos ciudadanos consideran, como la delegada del gobierno, que el derecho fundamental de reunión y manifestación se está convirtiendo en un abuso, que habría que limitar. En 1930 en su incisivo artículo Misión de la Universidad, Ortega y Gasset escribía que los abusos tienen siempre escasa importancia. Porque una de dos: o son abusos en el sentido más natural de la palabra, es decir, casos aislados, poco frecuentes, de contravención a los buenos usos, o son tan frecuentes, consuetudinarios, pertinaces y tolerados que no ha lugar a llamarse abusos. En el primer caso, es seguro que serán corregidos automáticamente; en el segundo, fuera vano corregirlos, porque su frecuencia y naturalidad indican que no son anomalías, sino resultado inevitable de los usos que son malos. Contra éstos habrá que ir y no contra los abusos. Creo que es de lo que se trata aquí.

Manifestarse es un derecho fundamental, como también lo es el derecho al trabajo (art. 35), y hay cinco millones de parados, o el de educación (art. 27), y lo han regulado en numerosas ocasiones (Logse, Loce, Loe). También aquél lo fue por la ley 9/1983, pero por lo que parece no con suficientes garantías para los ciudadanos que no se manifiestan. Eso quiere decir que hay una colisión entre los derechos de unos y otros. Debe protegerse aquél derecho pero también la libertad de los que sufren sus consecuencias, además de satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general, como dice la propia ley. Resulta difícil de entender que el gobierno no quiera entrar en este debate. Si es porque considera que el abuso es poco frecuente y de casos aislados, mal, porque no se castiga a los que infringen el derecho (sobreseimiento del juez Pedraz lo confirma); peor aún si, por miedo, permite que sea reiterado, porque debería cambiar el uso; y ese es justamente la propuesta de su delegada en Madrid.