Al día siguiente

Una huelga general es, por definición, una huelga política que persigue uno de los dos siguientes objetivos: derribar al Gobierno contra quien se convoca, o si eso no se lograra, al menos, conseguir que rectifique sus políticas económicas. Ni remotamente, ninguno de esos dos objetivos han sido alcanzados por quienes convocaron —fundamentalmente los sindicatos CC.OO, UGT y USO— y secundaron la huelga del miércoles. Por lo tanto, ya desde esa perspectiva, se podría hablar de fracaso de los convocantes que se tendrán que consolar con haber conseguido alterar el normal funcionamiento del país durante unas horas, con algunos episodios de violencia y de coacción de los mal llamados piquetes «informativos» muy rechazables.

Pero es que tampoco se puede hablar de éxito si el parámetro que se escoge para medirla es el de las personas que la secundaron. Un dato objetivo y objetivable para saber el nivel de seguimiento es el referido al consumo de energía eléctrica y resulta que el miércoles, los datos oficiales apuntan a que se consumió un 12% de energía menos que un día normal, lo cual no es ciertamente un descenso significativo y, en cualquier caso, menor que el que hubo en la otra huelga que se llevó a cabo hace ocho meses, la primera de la era Rajoy.

Parece por tanto evidente que a pesar del descontento ciudadano que existe contra las medidas de ajuste duro del Gobierno, la gente no está, de forma mayoritaria, por apoyar en estos momentos críticos para la economía del país y de muchas familias, una protesta en forma de huelga general. Otra cosa es secundar las manifestaciones o movilizaciones que, detalle no menor, no cuestan un euro al bolsillo de quien acude a ellas. De hecho, sí se puede hablar de unas manifestaciones nutridas de gente en varias ciudades de España como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla en contraste con el seguimiento de la huelga en forma de paro.

Puestas así las cosas, es legítimo plantear cuál es la responsabilidad que tienen que asumir los actuales dirigentes de las dos principales centrales sindicales, CC.OO y UGT, ante lo que en términos de seguimiento de la huelga y de consecución de objetivos, ha sido un fracaso. Si a los dirigentes políticos, en las noches electorales, se les pide que asuman sus responsabilidades si los resultados han sido malos, de igual manera se podría aplicar ese criterio a los dirigentes sindicales. Otra cosa es que en este país, ya se sabe que entre la clase política y sindical, no dimite nadie. Ahí radica una de las razones del creciente desprestigio social que día a día van acumulando tanto unos como otros.