Reunión de rabadanes

Cada vez que se reúnen los conductores del rebaño, oveja muerta. A seis meses del bicentenario de la Diputación, no está de más recordar sus propósitos fundacionales, para evaluar su papel actual y calibrar si se ajusta o desafina con aquel compromiso. Entre otras funciones de organización territorial, su primer bando proclamaba el deber de exigir a gobierno y parlamento lo necesario para el bien de la provincia. Entonces no había empezado la minería del carbón y los partidos de Mansilla y Almanza todavía pertenecían a Valladolid. Pero arrancaban con unas ideas claras. Por eso me ha llamado la atención un recado a Valladolid de más de dos docenas de cargos populares leoneses, pidiendo regañina para otro de su corporación política, por mostrarse dispuesto a testimoniar en un vidrioso asunto de dietas libradas por Caja España.

En la lista popular hay de todo: alcaldes, diputados, procuradores y subordinados directos de la encausada. Pero no están todos y eso resulta casi lo más significativo. El pedido lo dirigen a Herrera, en defensa de Isabel Carrasco y acusando a su predecesor en los Guzmanes, Javier García-Prieto. Hace unos pocos meses, la minería leonesa recibió sucesivos garrotazos del gobierno popular. El ministro Soria, que antes fue asesor del ministro socialista Solchaga, echó por tierra los compromisos presupuestarios para el Plan del Carbón, incluso después de una marcha minera que concitó el apoyo solidario de la opinión pública. De toda esa manada de cargos públicos populares leoneses, que ahora escribe a su jefe regional solicitando una sanción para quien se dispone a cumplir con su deber de asistencia a la Justicia, ninguno protestó.

Perdón, me corrijo. Protestaron dos. Uno, el senador Juan Morano, que mantuvo su postura con coherencia y dignidad, ya no está en el partido. El otro, Pedro Muñoz, alcalde de Toreno y procurador, se rajó a los dos días de haber llamado «tonto del culo» al ministro y le mandó una carta suplicante de enmienda y perdón. Las cosas fueron así entonces y de poco sirve revolverlas. Pero han pasado ya casi cinco meses de la marcha negra y de la manifestación en Madrid y todo este tropel de firmantes populares sigue sin hacer nada para evitar que la minería leonesa del carbón muera definitivamente. Ni interpelan al ministro, ni exigen un trato equitativo con otras inversiones vecinas, ni reclaman, ni mueven un dedo. Sólo se agrupan para tratar de impedir que un testigo comparezca ante el juez en el primer capítulo de la larga serie destinada a esclarecer el desvalijamiento de las Cajas de Ahorros. Se ve que no han escuchado al ex consejero José Luis González Vallvé, que pide un tribunal especial para juzgar a estos dilapidadores del ahorro.