Ley de mejora de la enseñanza

La educación de nuestro país ha mejorado notablemente en la etapa democrática, si bien es evidente que tiene aspectos importantes que mejorar. El principal reto que debería afrontar la educación de nuestro país es erradicar las altas tasas de fracaso y abandono escolar, mejorando la calidad de nuestro sistema educativo, pero sin dañar su grado de equidad, asegurando la cohesión social y evitando una estructura educativa que potencie las desigualdades personales y de origen social o económico.

Los informes internacionales, como el reciente de la Unesco, y los propios objetivos de Europa 2020 inciden una prioridad básica para ello: invertir en educación. Pero las medidas que se están llevando a cabo, centradas exclusivamente en la reducción del déficit público, están determinando unas políticas restrictivas caracterizadas pura y simplemente por los recortes en el servicio público educativo. La disminución de las plantillas de los centros públicos y de los servicios educativos complementarios, el aumento de las horas lectivas del profesorado, el incremento del alumnado por clase, la supresión de escuelas rurales, la desaparición de programas de apoyo y refuerzo, de planes de convivencia, la subida del IVA al material escolar, la drástica disminución de las becas de comedor..., son recortes que afectan directamente a la calidad y a la equidad del sistema, al mermar la capacidad de los centros para atender a la diversidad de su alumnado y al restringir las posibilidades reales para articular planes y medidas eficaces. El proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa viene, por tanto, acompañada de una memoria económica real de -5.212 millones, que son los recortes que el PP ha hecho en educación desde su llegada, y otra memoria comprometida en recortar otros 15.000 millones hasta el 2015. De tal forma que los compromisos del Gobierno de España con Bruselas recortarán hasta el 3,9% del PIB en gasto público educativo, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la Ocde y la UE.

Esta ley, por tanto, sirve de máscara para justificar los recortes y el desmantelamiento de la educación pública, ahondando en una reforma profundamente antipedagogíca, mercantilista, regresiva, clasista, excluyente, segregadora y al margen de la comunidad educativa; una auténtica contrarreforma que atenta contra el derecho a una educación de calidad en condiciones de igualdad y supone una vuelta al sistema de enseñanza franquista.

Esta es una ley sin base científica pedagógica porque los motivos que exhibe para proponer esta reforma se apoyan en prejuicios o ideas preconcebidas, sin base en investigación que las respalde. De hecho, en el primer redactado del anteproyecto aparecían datos sin fecha, referencias incompletas y muchas veces equivocadas, cuadros que no indicaban su fuente… En el último redactado se tergiversan resultados de investigaciones internacionales para que se ajusten a los principios ideológicos que se quieren justificar, afirmando justamente lo contrario de lo que esas mismas investigaciones e informes internacionales concluyen. Realizando además un diagnóstico parcial e interesado del actual sistema educativo, limitándose a juntar los datos más negativos, sin realizar una mínima aproximación a las causas reales que provocan estas deficiencias, con afirmaciones obsoletas comúnmente ya superadas entre los profesionales y expertos del mundo educativo. Aunque el Ministro afirme que «la reforma de la Lomce se apoya en evidencias y recoge las mejores prácticas comparadas», lo que propone realmente es legislar contra la evidencia empírica de que disponemos en el campo de la educación.

Esta es una ley impuesta sin debate ni consenso con la comunidad educativa, ni con sus profesionales, ni con expertos y expertas en el campo de la educación. Esta ley se ha impuesto sin debate y de espaldas a la comunidad educativa desde una mayoría absoluta cada vez más deslegitimada. Todo el debate anunciado se ha reducido a una consulta on line mínima y trucada. Lo que el ministro Wert entiende por «debate» se ha reducido a facilitar una dirección de correo electrónico a la que enviar sugerencias o críticas, sin confrontarlas ni debatirlas en foros abiertos y plurales. Y ha sido el propio Ministerio quien ha decidido cuáles son consideradas y cuáles no, sin hacer públicas siquiera las que ha recibido. Se rompe así toda posibilidad de debatir pública y abiertamente sobre los problemas concretos y deficiencias de nuestro sistema educativo.

Pero, sobre todo, es una ley con una filosofía profundamente mercantilista que se refleja a lo largo de su articulado. Aunque ha tratado de maquillar esta ideología en la exposición de motivos del último borrador, esto no se ha trasladado al articulado de la ley. En él la Educación aparece no como un derecho fundamental que debe ser garantizado por los poderes públicos mediante una red escolar de centros públicos, sino como «un bien» particular que deberá estar especialmente al servicio del sistema productivo, de la competitividad y de la empleabilidad. La educación se plantea así, en esta Ley, como un factor dependiente de los procesos económicos y enfocada a potenciar esos procesos, anteponiendo las necesidades de los mercados a la formación integral y a la construcción de una sociedad más justa y cohesionada. Así, aparecía en el segundo borrador del Anteproyecto, que la educación debe entenderse como «motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país […] para competir con éxito en la arena internacional […] representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global». Términos como «competitividad», «empleabilidad», «planificación estratégica», «rendición de cuentas», «resultados», marcan a lo largo de toda la Ley el horizonte de lo que por educación se entiende en la misma. Hacer una reforma educativa con la idea de formar trabajadores competitivos en el mercado local y global, no es simplemente una forma estrecha de entender la educación, sino que es una inversión completa de los principios y valores en que se fundamenta nuestro sistema educativo: formarse como profesional es algo necesario pero subordinado a la prioridad fundamental de cualquier sistema educativo, formarse como persona y ciudadano o ciudadana crítica para avanzar en la construcción de una sociedad más sabia, justa y cohesionada.