El desplome de los grandes

Los resultados de las encuestas que miden el respaldo electoral con el que cuentan el PP y el PSOE son demoledores. Ni sumando los votos de los partidarios de uno y otro partido alcanzarían el 50%. En poco más de un año al frente del Gobierno, Mariano Rajoy ha perdido cerca de la mitad del apoyo obtenido. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba ha llevado al PSOE a la cota más baja en intención de voto de los últimos treinta años. IU y UPyD se benefician del desplome de los grandes y crecen; pero si mañana se celebraran elecciones, el partido con mayor respaldo sería el de la abstención.

En orden al PP, el dato parece que describe el desencanto del personal ante la inoperancia de los gobernantes actuales para dar con las recetas para acabar con la recesión que mes tras mes sigue destruyendo puestos de trabajo (el paro supera ya el 26%). En el hundimiento del PSOE lo que se aprecia es la inanidad y el desnorte de su liderazgo a la hora de ofrecer alternativas creíbles para atajar una crisis que una parte de los ciudadanos todavía vincula con errores de tiempos de Zapatero. Y, además, están, claro está, los casos de corrupción. El caso Bárcenas-Gürtel que pende como una espada de Damocles sobre la dirección del PP y el de los ERE de Andalucía sobre el PSOE. A la vista de as encuestas es evidente que no cuelan los artificios retóricos que han ideado algunos de los contaminados en casos de corrupción para zafarse del juicio implacable de la opinión pública. La sanción moral ante la corrupción apareja un repudio político que se manifiesta en la negativa a participar en el juego electoral. La abstención es el rechazo del ciudadano a lo que les indigna o disgusta.

Falta mano dura con los corruptores y con los políticos que se han dejado corromper. Se necesita una revisión de los fundamentos sobre los que se apoya el actual modelo basado en una norma electoral diseñada para favorecer a los partidos mayoritarios y a los nacionalistas periféricos. El bipartidismo facilitado por la Ley Electoral vigente ha rendido frutos pero no da más de sí. Visto que amén de la desafección a la política y a los políticos el Estado democrático tiene que hacer frente al desafío secesionista planteado en Cataluña, lo razonable —en aras de dar plena vigencia al mandato de igualdad sellado por la Constitución—, sería modificar la norma electoral. Cambiar la ley no para que todo siga igual sino para que las cosas cambien de verdad. Cambiar antes de que la minoría que está contra el sistema acabe siendo legión y esto se vaya al traste.