La economía de escala y el poder

Hasta hace poco tiempo, las concejalías de urbanismo eran las que más peso tenían en un Ayuntamiento. Ahora, estas concejalías están prácticamente en «stand by». Parece que si no hay construcción nueva, permisos de obra o adjudicaciones, los ayuntamientos tienen poco que hacer en esta materia.

Pero, como se ha visto recientemente en Andalucía, con el decreto-ley de Izquierda Unida, sobre medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, todavía falta mucho por hacer y decir hasta conseguir que se cumpla el derecho constitucional a la vivienda.

A nivel municipal, nuestro Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo tiene mucho por hacer para que se cumpla el derecho constitucional a la vivienda, para poner en marcha medidas para que las viviendas tengan accesibilidad, así como medidas de eficiencia y ahorro energético. Pero no sólo quedarse ahí. La concejalía de urbanismo debería ir más allá y concebir el diseño de un municipio saludable, estableciendo carriles bici que unan las localidades del municipio y también con León; pensar y diseñar una ciudad sostenible, mejorando los espacios públicos, haciendo de ellos espacios de encuentro y convivencia.

Pero parece que los ayuntamientos han perdido el interés donde hay poca rentabilidad económica, aunque haya rentabilidad social. Parece que todo empieza a concentrarse en las concejalías donde se negocian contratos de servicios que se privatizan o externalizan. Está ya claro que la tan nombrada «crisis» es realmente un saqueo para desviar el dinero público, para pagar el festín de las constructoras y de los bancos en la creación de la burbuja inmobiliaria. Pero la crisis está sirviendo también como estrategia de las grandes empresas y multinacionales para eliminar competidores. Es decir, las grandes empresas están aprovechando esta crisis para ganar y copar cuota de mercado, y eliminar a la pequeña y mediana empresa como competidora, desde el pequeño comercio hasta las empresas pequeñas.

Que el poder económico y su poder de influencia se están concentrando y acumulando en pocas manos es obvio. Tenemos amplios y visibles ejemplos de ello. Miremos el proceso de concentración de las grandes empresas de telefonía móvil, de internet, las ocho comercializadores de energía eléctrica, las ocho de gas o los diez bancos que se pretende que queden este año. Es decir, se camina hacia una mayor concentración del poder económico, y por ello de influencia y poder político cada vez en menos manos. El problema añadido es que este poder puede «orientar» la normativa legal para hacerla más a su favor. Las últimas legislaciones y proyectos de ley parecen caminar en esa dirección.

La Ley de Economía Sostenible del PSOE fundamentó el actual Real Decreto Ley de Contratos del Sector Público del PP, que establece en su artículo 191-b que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Se podían haber establecido múltiples criterios para la realización de contratos en el sector público: que el contrato sea adjudicado a quien presente una oferta de mayor creación de empleo, que se adjudique a empresas que gocen de una buena calificación en buenas prácticas laborales, que el contrato sea adjudicado a la empresa que se establezca en la zona y por ello pague impuestos en el municipio, o que el contrato sea adjudicado a quien potencia más el desarrollo de la zona rural, etc., etc. Múltiples criterios de carácter social. Pero el PSOE y el PP han optado porque el único criterio para adjudicar contratos a empresas por parte de la administración sea el económico, la oferta más económica.

Si legislativamente se establece este criterio, las pymes de la zona no tienen prácticamente ninguna posibilidad frente a las grandes empresas que tienen más poder para reducir los costes presionando a la baja los salarios y las condiciones laborales de sus empleados y empleadas.

Pero además las nuevas normativas que está proponiendo ahora el PP profundizan y desarrollan esta tendencia. La normativa de ordenación del Territorio de la Comunidad de CyL, del PP, plantea el fomento de fórmulas de gobierno y gestión de servicios locales sustentadas en «economías de escala». Igualmente el proyecto de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que ha puesto ha marcha el PP, también explicita esta mismo objetivo.

El planteamiento de las economías de escala es que, a mayor producción o a mayor amplitud de prestación de un servicio, más económico es el coste del mismo. Esta idea, que a primera vista pudiera parecer interesante pues supone un ahorro, tiene como objetivo la eliminación de competidores de mercado y trae consigo la acumulación de los servicios en pocas manos, eliminando así a las pequeñas y medianas empresas de la zona que no pueden competir con las ofertas «a bajo precio» que pueden hacer las grandes empresas o multinacionales.

El efecto de las economías de escala es cambiar la estructura del mercado. Se produce una alta concentración de servicios en pocas empresas, obteniendo gran poder y cubriendo grandes áreas y regiones a costa de eliminar pequeñas empresas, es decir con un importante coste social. Además, su objetivo final es copar el mercado, eliminando «competidores».

Este enfoque tiene poca rentabilidad social para nuestros municipios y sociedades. Concentrar todo el poder y beneficio en pocas manos, supone que se quedan como únicas proveedoras de determinados servicios y tienen un gran poder de influencia política. Esta experiencia ya las hemos visto observando donde han acabado trabajando expresidentes y exministros. Ahora hay nuevos sectores de servicios públicos que se quieren privatizar y grandes empresas que quieren copar el mercado.

Si además, como hemos leído recientemente, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez, hace saber a las empresas, en una reunión a puerta cerrada organizada por un bufete, que no quiere que la comisión de competencia siga «castigando con multazos» la formación de cárteles de precios, es decir, el acuerdo de precios monopolísticos entre grandes empresas, algo que es ilegal y está siendo perseguido en el ámbito europeo, vemos claramente a favor de quienes está trabajando este Gobierno y a quién representa realmente. A través de normas, crisis, legislaciones y demás herramientas, están marcando el camino que nos quieren hacer seguir, teniendo como único objetivo el concentrar los beneficios y el poder en los poderosos (las grandes empresas y bancos, el 1%), lo cual siempre implica quitárselo a otros (la ciudadanía, el 99%). En definitiva, este saqueo que llaman crisis está pensado para conseguir entre otros tres objetivos fundamentales: eliminar derechos laborales y sociales, privatizar servicios públicos y acumular sectores del mercado y beneficios en grandes empresas eliminando a la pequeña empresa y comercio.