Hay que cambiarlo todo, menos lo mío

La dispar acogida de la reforma de las Administraciones públicas que prepara el Gobierno podría resumirse así: «Que cambien cosas, pero sobre todo que no toquen lo mío». Hoy en día ya se ha instalado, por fin, la idea de que así no se podíamos seguir, gastando más de lo que ingresábamos, duplicando carreteras, multiplicando universidades sin garantizar calidad ni salidas profesionales, construyendo aeropuertos con poquísimos aviones, o con ninguno, entre otras aberraciones. Hay infraestructuras que nunca se utilizarán o, si acaso, servirán para otro fin distinto. Ya sugirió con gran ingenio el ex presidente valenciano Francisco Camps que el aeropuerto de Castellón, donde nunca aterrizó un avión, puede servir para que los ciudadanos acudan a pasear. Buena idea. Podría publicitarse como «la pista para patines más grande del mundo». Y para ese fin alternativo, como la más cara. Y todo a crédito.

Convencido de que hay que cortar gastos absurdos y proyectos insostenibles, gracias a la presión de Europa, el Gobierno se ha acercado un poco más al fuego: hay que reformar las administraciones para suprimir duplicidades y para acabar con organismos que apenas sirven para nada. Se ha planteado con timidez y, debe reconocerse, que con prudencia. Mariano Rajoy incluso llegó a decir: «Es sólo una propuesta, no es ideología; tan sólo se busca eficacia». Desde Cataluña un periódico tituló a cinco columnas: «Recentralización». Y desde otras autonomías se gritó: «Lo mío, intocable», incluidas algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular.

La tarea ahora es inmensa: convencer a cada autonomía de que quizás no sea necesario un Tribunal de Cuentas en cada una de ellas, de que más vale un buen aeropuerto que tres pequeños, de que son insostenibles cursos universitarios con más profesores que alumnos y, sobre todo, para aceptar que se nos fue la mano al dimensionar las instituciones autonómicas. «Lo que pasa aquí es que las autonomías se creen estado y los ayuntamientos se creen autonomías», comenta el actual presidente valenciano Alberto Fabra.

La palabra maldita «recentralizar» puede resultar odiosa para algunos pero hay asuntos que necesitan imperiosamente recentralizarse por sentido común. Por ejemplo, la torre de Babel que han organizado los parlamentos autonómicos al establecer condiciones distintas para la instalación de empresas y para distribuir en un mismo mercado. Reclamamos la conveniencia de un mercado único europeo mientras quebramos el mercado único español. Ya se conocen demasiados casos de empresas extranjeras que han optado por no invertir aquí como consecuencia de ese desbarajuste.

Poner orden, racionalizar gasto, recentralizar lo imprescindible, sanear las cuentas, reducir deuda, es algo imposible sin voluntad política y sin buena comunicación. Puede ser cierto que el Gobierno, como algunos lo acusan, sólo se disponga a dar ese paso porque no tiene más remedio, porque se le obliga desde Europa. Pero si se escucha a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer trató de convencer a los barones populares, se aprecia su decisión y casi su entusiasmo por la tarea. Es condición imprescindible aunque no suficiente. Falta la segunda parte: contarlo bien, para convencer y no sólo vencer. Con ministros comunicadores como Montoro, Guindos, Wert y Soria —capaz de declarar éste ultimo «que las autonomías elijan entre tener TV propia o alimentar a sus niños»— la tarea parece poco menos que imposible. Hay que contarlo bien y, sobre todo, aliarse con la ciudadanía. Como suena. Los ciudadanos han recibido la noticia de una reforma de las Administraciones Públicas con incredulidad, porque están escaldados, pero no con rechazo. El rechazo viene de los políticos, gobiernos y oposición. Así que cuéntenlo bien, alíense con quienes quieren soluciones realistas y quien sabe si la reforma saldrá adelante. Ojalá no quede en cosmética.