Voladura del poder democrático local

El eufemísticamente denominado anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocido como Ley Antiayuntamientos, no es una reforma cualquiera. Estamos ante la voladura controlada del poder democrático local para convertir derechos en negocios para unos cuantos. Esta contrarreforma constituye un ataque al municipalismo, el desmantelamiento de la autonomía y la democracia local de nuestros Ayuntamientos, la privatización sistemática y la pérdida de servicios públicos municipales y el despido de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras que mantienen y garantizan dichos servicios públicos.

El Gobierno de Rajoy ha puesto las bases para la intervención directa y efectiva de todos los ayuntamientos, convirtiéndolos así en cascarones vacíos. Es necesario alertar a los vecinos y vecinas de nuestros municipios sobre los efectos devastadores que esta ley tendrá sobre los servicios prestados a la ciudadanía desde la administración más próxima a ellos, nuestros Ayuntamientos. Dotar de mayor poder y competencias a las diputaciones provinciales, sólo servirá para contagiar la prestación de servicios de la falta de transparencia de estas instituciones decimonónicas y de elección indirecta.

La reforma amenaza en primer lugar los servicios sociales, pues no establece con qué recursos se atenderá a las personas más vulnerables. La decisión de conceder la competencia exclusiva de los servicios sociales a la Junta tendrá un impacto directo en las prestaciones municipales de cada Ayuntamiento, protagonista de la primera (con frecuencia también segunda y tercera) línea de batalla contra la desigualdad, la exclusión y el desamparo. En un momento en que la dureza y la persistencia de la crisis económica está desbordando la capacidad de respuesta de la red asistencial, esta contrarreforma del PP implica que con toda probabilidad la Comunidad no mantendrá todos los servicios que nuestros municipios tendrán que dejar de asumir.

Dados los recortes que el PP está haciendo en todos los servicios sociales y públicos, está claro que no tendrá voluntad de financiarlos alegando que no hay recursos para ello, al igual que para la sanidad y la educación pública. Aunque sí que hay recursos públicos para rescatar bancos o para financiar a las grandes empresas del automóvil y las autopistas.

Esta contrarreforma reduce el papel de los municipios a la «valoración, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social». O lo que es lo mismo, convierte al Ayuntamiento en «una mera oficina de derivación con alguna ayuda de urgencia o de los albergues municipales en su concepto más limitativo de puro asistencialismo a corto plazo», según afirma la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en un documento que analiza el impacto de la medida.

La reforma del PP pretende suprimir el artículo 28 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local según el cual el Ayuntamiento puede realizar «actividades complementarias relativas a la educación, la promoción de la mujer, la vivienda o la sanidad». Y recorta radicalmente el artículo 25 por el que el municipio se hace cargo de competencias en sanidad pública.

Además esta contrarreforma no supone ningún ahorro, no existiendo ningún informe que avale este extremo. Eso sí, lo que supondrá este recorte de servicios sociales será incrementar la destrucción de empleo público en las administraciones locales y, a la larga, este ahorro se puede conseguir privatizando servicios en aquellos lugares donde sean rentables y eliminándolos donde no lo sean, generando grandes agravios comparativos. El supuesto ahorro que alega el PP se va a traducir en forma de recortes y privatizaciones, de tributos a la Troika para devolver los 7.100 millones de euros prestados para el rescate bancario.

Por otro lado, en un discurso tremendamente populista se habla de reducir cargos públicos para ahorrar costes, cuando la inmensa mayoría de concejales no cobran de los ayuntamientos. De hecho hablan de limitación de remuneraciones al 82% de cargos públicos cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes; lo demuestra que ese ahorro sólo sería un 2% del total. Sin embargo, nada se dice de limitar los concejales liberados, los asesores y los cargos de libre elección, que son los que verdaderamente suponen un sobre coste.

Lo que está claro es que esta ley no clarifica competencias, no evita duplicidades, no simplifica la estructura administrativa y sobre todo no solventa en ningún caso los problemas financieros que tienen los ayuntamientos.

Es necesario reivindicar por la ciudadanía un imprescindible municipalismo y el conjunto de servicios públicos de proximidad que tanto necesitamos todos los vecinos y vecinas de cualquier municipio.

Lo que realmente se necesita es una ley de financiación local que defina competencias y financiación incondicionada sobre la base del mantenimiento de competencias en el ámbito social. Hemos de defender una respuesta de rebeldía democrática frente al desmantelamiento de la democracia local y los servicios públicos municipales.