Autoridad para los agentes medioambientales

En la pasada encuesta del Diario de León se recoge que el 97% de los participantes creía que no se hace lo suficiente para encontrar a los responsables de los incendios forestales. Estamos convencidos de que si esa encuesta se trasladase al colectivo de Agentes Medioambientales, la cifra subiría casi al 100%.

Las graves carencias que padecen los agentes medioambientales para desarrollar la investigación de incendios no son achacables de forma exclusiva a la crisis económica. Aunque existen recortes en la lucha contra el fuego en todas sus dimensiones, la dificultad de su investigación pivota sobre el mismo factor que provoca la carencia democrática y perpetúa la crisis económica y social de este país; nos referimos a la crisis política. A su vez, si aplicamos el Principio de Parsimonia («en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta»), podemos afirmar que la incompetencia en la gestión de los recursos públicos dificulta encontrar a los responsables de los incendios forestales.

Los agentes medioambientales redactan los informes técnicos de investigación de incendios que son remitidos a las fiscalías de medioambiente. Cualquier ciudadano comprenderá la importancia de los agentes medioambientales especialistas: apoyo técnico para recabar datos sobre el terreno y elaboración de informes, coordinación de todas las investigaciones desarrolladas, comunicación con los distintos fiscales… Pese a que se lleva demandando desde hace más de diez años, todavía no se ha desarrollado dicha especialización. Por eso afirmamos que una mejora sustancial en la investigación no está ligada a ningún coste económico, sino a la correcta gestión de los recursos humanos de la administración. Hasta hace dos años, se abonaron grandes sumas de dinero público a una empresa privada para desarrollar este trabajo que, como veremos, plantea ciertas dudas jurídicas.

En la quinta reunión de la red de fiscales especialistas de medioambiente y urbanismo, se acordó que los señores fiscales en su relación con los Agentes Medioambientales deberán partir de los siguientes presupuestos:

Punto a: «Los agentes medioambientales deben tener reconocida de forma clara en su actuación su condición de Policía Judicial en sentido genérico».

La Comunidad autónoma de Castilla y León no ha reconocido dicha condición en ningún texto legal. La exconsejera de medioambiente María Jesús Ruiz demoró hasta 10 años la aprobación de la Ley de Montes de Castilla y León con el fin de ajustarla, según ella por lealtad institucional, ya que así se exige legalmente, a la Ley de Montes del Estado. La aprobación de la modificación de la Ley de Montes Estatal 43/2003 por la Ley 10/06 supuso un nuevo reconocimiento de la condición de Policía Judicial Genérica de los agentes medioambientales, en todo el territorio nacional y en cualquiera de sus denominaciones. Las Cortes de Castilla y León incurrieron en una clara deslealtad institucional cuando no reconocieron en su ley de montes dicha condición. Otras comunidades autónomas si reconocen la función de Policía Judicial, destacando Cataluña que lo refleja en su Estatuto de Autonomía.

Punto c: «No debe haber órganos intermedios entre la Policía Judicial encargada de la investigación de un delito (en nuestro caso, los agentes medioambientales) y la autoridad judicial o fiscal…». La práctica en Castilla y León es remitir la casi totalidad de las investigaciones a través de órganos intermedios.

Punto d) «Es la Autoridad Judicial o Fiscal la competente para determinar si los hechos tienen o no carácter delictivo…». En Castilla y León, por regla general, los agentes medioambientales remiten sus denuncias a los responsables políticos competentes a través de los servicios jurídicos de la administración, que deciden si lo elevan a la fiscalía en caso de encontrar indicios de delito. «La Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente califica dicho ‘modus operandi’ de insatisfactorio porque implica un retraso en la iniciación del procedimiento penal y una falta de control que dificulta que todas las denuncias penales acaben llegando a la Fiscalía».

En el documento de la reunión de fiscales, se refleja como la Dirección del Cuerpo de Agentes Forestales de Madrid da instrucciones para cumplir con las exigencias legales de la Fiscalía. En León no existe ni siquiera una nota interior que regule la actuación de los agentes medioambientales como Policía Judicial.

Pese a que se seleccionan personas muy cualificadas para el acceso a la Escala de Agentes Medioambientales, éstas son sometidas a una estructura viciada y sin una verdadera carrera administrativa, entre otras cosas, sistemas con una correcta selección de la línea jerárquica basada en principios de capacidad y mérito. Los agentes medioambientales (y los forestales que llevan una década esperando que se convoque la promoción interna) demandamos gestiones políticas y soluciones. La nota conjunta de la Red Nacional de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo no fomenta el optimismo: «la Red Nacional (…) presenta una nota de apoyo a los Fiscales Especialistas en Medio Ambiente y Urbanismo. Se viene observando en los últimos tiempos, posiblemente debido a los elevados intereses económicos que se dilucidan en los temas ambientales o en la politización que lamentablemente sufren muchos de los mismos, que muchos Fiscales de Medio Ambiente están sufriendo ataques injustificados en su trabajo diario…».

Todo lo aquí expuesto es extrapolable al resto de delitos medioambientales: los relacionados con la calidad ambiental, uso del veneno, sistemas de caza no selectivos…