Servicios municipales en extinción

Hace varios años una empresa de transgénicos, ante las resistencias de la población a su consumo, ideó y propuso a estudiantes de la zona un concurso de redacción con un lucrativo premio. El tema se centraba en resaltar los aspectos positivos de los transgénicos y sus utilidades. La explicación que dieron los responsables de comunicación de la empresa es que si nos acostumbramos a utilizar determinados términos los hacemos más cercanos, más habituales y de esa forma, se van venciendo las resistencias iniciales a su uso y concebirlos como algo posible, incluso deseable.

Con el proyecto de ley Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local el PP ha hecho algo parecido. Primero disfrazó la finalidad de la ley con un nombre sonoro y con términos positivos en vez de denominarla directamente «ley antiayuntamientos», puesto que su finalidad real es recortar la democracia local y los servicios municipales. Después hizo una campaña hablando del exceso de cargos públicos municipales, como si la participación democrática de la ciudadanía en los ayuntamientos fuera un exceso. Posteriormente puso en marcha otra campaña sobre el excesivo coste de la democracia municipal, cuando la inmensa mayoría de los concejales de este país no perciben ninguna cantidad o está por debajo de lo que establece este proyecto de ley. Otra tercera campaña se ha centrado en que lo que se busca con esta ley es evitar duplicidades y solapamientos de servicios, términos que son una cortina de humo para recortar y privatizar los servicios municipales que prestan los ayuntamientos a sus vecinos y vecinas.

No estamos ante una reforma de la administración local cualquiera, estamos ante la voladura controlada del poder democrático local. El meollo de esta contrarreforma constituye un ataque al municipalismo, el desmantelamiento de la autonomía de los ayuntamientos, la privatización sistemática, la pérdida de servicios públicos municipales y la precarización de las condiciones laborales de muchos trabajadores y trabajadoras que con su trabajo mantienen y garantizan dichos servicios públicos.

Tanto es así que el nuevo proyecto de ley elimina de raíz el que los municipios pueden promover actividades y prestar servicios para satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Y en cambio se establecen por ley sus competencias según su población. Las competencias van a ser competencias propias, delegadas por parte de la comunidad autónoma y el resto de los servicios pasan a ser consideradas competencias impropias, con lo cual se eliminan o privatizan.

Para un municipio como San Andrés del Rabanedo, es decir de entre 20.000 y 50.000 habitantes, este proyecto establece que las competencias propias, es decir, los servicios que debe prestar son: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población (no transporte), pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.

Las competencias delegadas, si en todo caso la Junta decide delegarlas, serán la prestación de servicios sociales, educación infantil y actividades complementarias en los centros docentes. Pero la ley exigirá que estas prestaciones supongan un ahorro neto, lo cual significa que el PP aboca a la privatización de estos servicios, reduciendo sus costes mediante la precarización del empleo y la reducción de la actual calidad del servicio.

Y el resto de las competencias y servicios que viene prestando hasta ahora el Ayuntamiento corren un serio riesgo de desaparecer. En un ayuntamiento como el de San Andrés, con déficit, esta ley suprime la prestación de otros servicios que se vienen prestando a la ciudadanía, a los que denomina «competencias impropias». En concreto, la escuela de música, el transporte (los viajes al Ferral que no cubre la Junta), el servicio búho, los servicios de información formación y empleo, animación sociocomunitaria, atención a la juventud, información al consumidor, prevención de drogas, actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre, etc. Es decir, el PP ha tomado la decisión política de establecer por ley que se va a dejar de prestar servicios a la ciudadanía porque ha decidido destinar nuestros impuestos no a lo que necesitan los vecinos y vecinas sino a pagar la deuda y especialmente sus intereses a los grandes bancos y financieras. De este modo cubrir las necesidades de la ciudadanía deja de ser el objetivo principal y obtener beneficios económicos por las entidades prestadoras se convierte en la finalidad primordial. Hasta tal punto que uno de los documentos que acompañan este anteproyecto de Ley (informe de CNC) dice: «el cuarto y último objetivo consiste en favorecer la iniciativa económica privada, … para ello se suprimen los monopolios municipales heredados del pasado» para que recaigan sobre lo que denominan «sectores económicos pujantes en la actualidad». Esto significa que si el servicio de agua, por ejemplo, lo presta un Ayuntamiento, el PP considera que es «un monopolio heredado del pasado»; mientras que si el monopolio pasa a ser de una empresa privada lo considera «un sector económico pujante actual».

Es por esto que quienes creemos que el municipio es la entidad más cercana a los problemas y necesidades de la ciudadanía y quien debe responder de forma más inmediata a sus necesidades, debemos rebelarnos contra esta ley injusta y plantear su modificación o eliminación en el trámite parlamentario. Solo hay dos actitudes. Obediencia a las exigencias de los mercados que velan por sus intereses y dictan normas como ésta. O rebeldía ante estas decisiones políticas que son las que han generado la actual crisis y están construyendo un tipo de sociedad basada en que el objetivo de los servicios públicos no es el bienestar y la cohesión social sino los beneficios económicos de unos pocos.