Prácticas mafiosas

Si se confirman las gravísimas acusaciones que pesan sobre los dirigentes sindicales, detenidos por orden de la juez Alaya, acusados de obtener fondos para sus organizaciones a cambio de subvenciones fraudulentas, el poco prestigio que les quedaba a los sindicatos puede volar por los aires.

Poco ayuda el que Cándido Méndez, secretario general de la UGT, defienda con ahínco el modo de proceder «correcto» de los dirigentes andaluces cuando uno tras otro están siendo detenidos por la Guardia Civil. Tan acostumbrados están ya los ciudadanos y los trabajadores de este país a las permanentes excusas de los dirigentes apolíticos, para no afrontar su responsabilidad cuando son «pillados», que el argumento de Méndez denunciando una campaña de coacción y difamación contra su sindicato ya no cuela.

Nadie les quiere coaccionar para que no digan lo que piensan sobre la reforma de las pensiones; son ellos mismos los que se tapan la boca al utilizar presuntamente para financiarse fondos públicos destinados a los parados andaluces. La última vuelta de tuerca de la reducción de las pensiones necesita todas las voces críticas que, desde la autoridad ética de una conducta ejemplar, puedan presionar para defender a los pensionistas.

Resulta demoledor que ningún cargo público haya asumido hasta ahora, en los miles de procesos por corrupción que hay abiertos en España, su responsabilidad, bien por acción o por omisión, en la gestión de lo ocurrido. Aunque solo sea la responsabilidad política que no conlleva multas ni penas de cárcel. Ahora, los sindicatos siguen por esa senda equivocada de culpar al de enfrente e intentar demostrar que se pasaba por ahí.

El destino de los más de setecientos millones del fondo destinado a los ERE fue negociado por sindicatos, empresarios y Junta de Andalucía, por lo tanto ninguno de los tres le puede resultar ajeno lo sucedido. Es verdad que la juez está dilatando en exceso la instrucción del caso y que, con los ex presidentes Chaves y Griñan, utilizó una figura jurídica inédita para que se auto inculparan al no poder imputarles por ser aforados. Dicho esto, el alto número de inculpados que ya asciende a ciento dieciséis, demuestra que los tentáculos de la corrupción alcanzaron a todos los sectores sociales.

Para que se pueda hacer un desvío de fondos de tamaña cuantía es necesario implicar al mayor número de personas posible para garantizarse su silencio. Si todos tienen que algo perder ninguno se ira de la lengua. Si los movimientos ciudadanos le han «robado» a los sindicatos el poder de convocatoria, si su defensa acérrima de los trabajadores con empleo (sus votantes) les señala como insolidarios con los seis millones de parados, un caso de corrupción como el de Andalucía se llevará por delante los restos de un prestigio labrado en muchos años de lucha.