Justicia poética

Que embarguen a un ex presidente de Caja España tiene más de justicia poética que el robo a un árbitro en la puerta del Bernabéu o el Camp Nou, la multa a un guardia civil de tráfico en el cruce de La Vega de Boñar por no llevar las luces en el túnel o el tongo a un concejal en unas oposiciones para bombero.

Una consecuencia directa de años de hacer pasar por la ventanilla a los paisanos para financiar la carrera de los chavales, con los riñones a cuenta, mientras en el ático se cerraban créditos para pagar los créditos de aquellos créditos que se habían pedido a crédito con unas garantías inexistentes, más allá de que ser consejero, familia o allegado político de un empresario fueran validados como aval por la comisión de riesgos. Casi una treintena de operaciones que beneficiaron a directivos de la entidad por valor superior a 67millones de euros, como investiga la fiscalía.

La costumbre hace que ahora Santos Llamas acumule propiedades paralizadas por el juzgado, al tiempo que Unicaja dice que sí al matrimonio con la antigua Caja, con un mohín de asco por los preferentistas a los que se engañó y que ahora quiere despachar con una propina para que tomen un café y den las gracias. Las víctimas finales de un proceso de fagocitación, que no fusión, que finiquita los restos de lo que un día se fundó para asentar el poder económico provincial sobre los cimientos del ahorro de generaciones de leoneses.

Un engendro del que apenas queda más que un monte de piedad, en sentido literal. Pero sobre las ruinas aún levanta la Junta la cabeza para defender «qué tiene que ver ahí». «Se informaba y se daba el visto bueno, pero quien elaboraba el informe y firmaba el crédito era la entidad», como excusa el psiquiatra de cabecera del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, todavía más dotado para la semiótica que para la intriga.

Un argumento que esconde que fueron los partidos políticos, tanto PSOE como PP provincial, quienes pactaron la presidencia de Llamas en la Caja, igual que la vuelta de Evaristo del Canto tras haberle echado con una indemnización millonaria; todo con el beneplácito de Valladolid, como exige el protocolo de Castilla. El embargo que sufre Leon desde hace casi 30 años.