De PAC, juntas vecinales y trampas

La PAC surge en 1962, en una Europa marcada por la posguerra, con una agricultura seriamente mermada que ponía en peligro el abastecimiento de alimentos. Nace con el objetivo de asegurar que los ciudadanos dispusieran de un suministro estable y suficiente de alimentos a precios asequibles.

Los principios que la inspiraron fueron: la unidad de mercado, el proteccionismo y la solidaridad financiera. En los años 80 (España ingresa en la Comunidad Económica Europea —actual Unión Europea— en 1986) la PAC ya había sufrido cambios, pero los importantes se produjeron a principios de los 90, cuando se pone limite a la producción para reducir excedentes, aparecen las cuotas nacionales y primas al abandono (es en este contexto cuando desaparecen las pequeñas explotaciones de leche en la montaña de León), aparecen medidas de desarrollo rural, programas de protección del medio ambiente, forestación de tierras agrarias, jubilación anticipada, se pone límite al presupuesto para controlar el gasto, medidas que van hacia la creciente liberalización de los mercados.

La reforma del 2003 establece el pago desvinculado de la producción —desacoplamiento—, es decir, una ayuda que se abona independientemente de que el agricultor produzca o no. Este pago está sujeto al cumplimiento de la condicionalidad: buenas prácticas agrícolas y medioambientales, requisitos legales y de gestión.

En el periodo 2009-2012 se consolida el Pago Único. Con esta situación llegamos a la actualidad y nos encontramos con muchos perceptores de ayudas y pocos profesionales. Si cogemos datos nacionales y los comparamos con otros países de la UE la estadística es llamativa.

Un agricultor español recibe de media entre un 73% y un 64% menos de ayudas PAC que un francés, alemán o británico. Según datos de la Comisión Europea y el Magrama la media anual por beneficiario en España se sitúa en 5.600 euros, mientras que en Francia se eleva por encima de 20.000 euros, en Alemania supera los 15.600 euros y en el Reino Unido se sitúa en torno a los 18.000 euros.

Además, en el ejercicio 2011 en España hubo 909.000 perceptores de ayudas, frente a 372.000 que hubo en Francia, 334.000 en Alemania o 179.000 en Reino Unido. Esta diferencia estriba en el perfil del perceptor de las ayudas. Aunque en nuestro país hay más de 900.000 perceptores, los datos de la Seguridad Social, Encuesta de Población Activa y el Fondo de Garantía Agraria dicen que no hay más de 350.000 agricultores profesionales.

Este hecho perjudica a los agricultores y ganaderos profesionales de nuestro país porque las ayudas se diluyen derivándose de manera indiscriminada a quienes no tienen la agricultura o la ganadería como actividad profesional.

En 2013 la Junta de Castilla y León ha tramitado 93.622 solicitudes de ayudas PAC, el sector agrario estima que solo unos 42.000 son realmente agricultores y ganaderos que cotizan a la Seguridad Social por el Régimen Agrario. Por todo ello debería ser requisito necesario para recibir ayudas PAC ser agricultor o ganadero a título principal cotizando a la Seguridad Social por el Régimen Agrario.

En este contexto hay que denunciar la gestión de algunos presidentes de juntas vecinales de la provincia de León, que certifican terrenos a beneficiarios de ayudas PAC sin tener actividad agraria. Con la Reforma Local que el Gobierno de España está tramitando, quiere eliminar las juntas vecinales y no es justo que por las trampas y mala gestión de algunos tengan que pagar con su desaparición todas las entidades locales menores.

Otro dato significativo de la PAC es que cerca del 33% de los solicitantes en Castilla y León son mayores de 65 años, que cobran ayudas sin estar activos, mientras que sólo el 4% son menores de 35 años. Esta situación frena inversiones en el campo y la modernización de las explotaciones.

Por eso quiero realizar estas propuestas para mejorar la PAC:

1. Asegurar la alimentación de la población a unos precios asequibles para el consumidor y a unos precios justos para el productor.

2. Tener presupuesto sin recortes, solidario en toda la Unión Europea. Proporcionar un nivel de vida razonable a los agricultores y ganaderos, modernizar las explotaciones y desarrollar la industria agroalimentaria en las zonas rurales.

3. Fomentar la incorporación de jóvenes a la actividad agraria con ayudas suficientes para montar una explotación, garantizar el relevo generacional y luchar contra la despoblación.

4. Limitar la cuantía de las ayudas a 100.000 euros anuales y destinadas a los agricultores y ganaderos a título principal, de esta forma la media anual por beneficiario se asimilaría a la media de países como Francia, Alemania o Reino Unido.