Una prioridad aparcada

Año tras año, los parlamentos, tanto el nacional como los autonómicos, dedican gran parte de su agenda otoñal a tramitar y aprobar los presupuestos presentados por el gobierno de turno para el año siguiente. Se trata de un trámite tedioso y, sobre todo estéril, ya que, allá donde existe mayoría parlamentaria absoluta, raramente acaba prosperando alguna enmienda de la oposición. Con lo cual, al final de dos meses de arduo trabajo, el proyecto presupuestario sale del Parlamento prácticamente igual que llegó.

No estoy diciendo con ello que dicho trámite sea prescindible. Simplemente constato lo frustrante que resulta el proceso. En las Cortes de Castilla y León ha habido años en los que los Presupuestos de la Comunidad se han aprobado en diciembre sin incorporar ni una sola de las centenares de enmiendas presentadas a los mismos.

Una de las críticas habituales de la oposición es que los presupuestos no se elaboran sobre previsiones realistas sino sobre otras estimaciones fabricadas a medida para cuadrar el traje de la forma preestablecida. Si no es así, lo cierto es que, una vez que entran en vigor, excluido el capítulo del gasto corriente, entre lo aprobado en las Cortes y la ejecución presupuestaria real suele mediar un abismo. Que una obra, un servicio o cualquier otra actuación esté incluida en el presupuesto nunca ha garantizado su cumplimiento. Y menos aún ahora, en la que cualquier previsión presupuestaria puede sucumbir ante el socorrido argumento de que existen otras prioridades más urgentes.

Nadie discute en Castilla y León la prioridad de mantener los servicios públicos esenciales y la protección social, que absorben en torno al 80 por ciento del gasto disponible. El PSOE ha propuesto, sin éxito, fijar en un suelo de gasto social cifrado en el 12 por ciento del PIB. Pero junto a ese gasto y a los incentivos al empleo, la lucha contra la despoblación y los desequilibrios territoriales internos debieran ser también prioridades ineludibles.Y es aquí donde a mi juicio los Presupuestos de la Comunidad para 2014 no están a la altura de las circunstancias.

El nivel de paro, sobre todo juvenil, requiere un plan de choque mucho más ambicioso y decidido que ese raquítico miniplan dotado con 30 millones de euros (poco más del 0,3 por ciento del presupuesto global). Como tampoco se entiende la decisión de aparcar el Plan de Convergencia Interior hasta que la comunidad no registre un crecimiento económico del 2 por ciento del PIB, moratoria que dará lugar a que los desequilibrios territoriales internos —y con ellos la despoblación— sigan agudizándose. Y aquí no cabe hablar de «rodillo» del PP ni de ceguera exclusiva de la Junta, ya que dicha renuncia se ha adoptado con la aquiescencia del primer partido la oposición.