EDITORIAL: Una ley que salvaguarda la autoridad y el respeto

La Ley de Autoridad del Profesorado, que acaban de aprobar las Cortes de Castilla y León y que es de aplicación en todos los centros docentes públicos y concertados, ampara en la provincia 6.500 docentes en las actuaciones relacionadas con su condición profesional en todas las enseñanzas no universitarias. La normativa, adaptada ya por muchas de las comunidades autónomas, viene a cumplir una reivindicación histórica y llega en un momento de especial dificultad para los profesores, permanentemente denostados y ahora muy perjudicados por los recortes en la enseñanza y sus efectos en las aulas, lo que en definitiva se traduce en un aumento de la conflictividad. Las quejas por faltas de respeto, insultos, acoso y amenazas por parte de alumnos se incrementan de curso en curso, hasta el punto de duplicarse el porcentaje de profesores (el 8% según los últimos estudios) que se plantean abandonar el ejercicio de su profesión.

El seguimiento de las reglas y el respeto a las conductas en la sociedad es una condición necesaria para mantener la organización y desarrollar un proyecto personal y profesional. A respetar las reglas también se aprende en la familia, pero sobre todo en la escuela. La crisis de autoridad es un atentado a la racionalidad colectiva y un riesgo social de peligrosas consecuencias. Y deteriorar esa autoridad de los profesores desactivando las exigencias de la disciplina o menospreciando las reglas y el orden acaba por ser una amenaza para los docentes, pero también para los alumnos.