El justo medio

Determinadas intervenciones del poder, respaldadas a priori por el interés público, pueden devenir despóticas cuando se entromete el interés partidista No sé para usted, indulgente lector, pero para mí está claro que no hay coartada para aprobar ni justificar el insulto, la calumnia, la amenaza o la vejación como formas de expresión ideológica o como armas válidas para defender una causa. Sea cual sea dicha causa, sean cuales sean sus fundamentos y sea cual sea el comportamiento de quienes se opongan a su lícita manifestación. No solo siento que en el momento en que recurre a esos expedientes bárbaros uno pierde la razón que pudiera asistirle, para convertirse en partícipe y sostenedor de la ya ingente cuota de abuso que existe en las relaciones entre personas. Creo que igual se propicia ese triste resultado, aun cuando no se contribuya activamente al atropello, si uno se limita a contemporizar con él o rehúsa repudiarlo, por miedo al que dirán de uno según quiénes o por ese otro miedo, todavía más oscuro y devastador, de acabar siendo uno mismo el escarnecido.

También me resulta indiscutible que cualquier intervención de los poderes públicos para corregir estas situaciones, ya sea en las redes sociales, en la calle o en los medios impresos o las tertulias o las tribunas de oradores, debe partir del estricto principio de legalidad y desarrollarse con objetividad y neutralidad; esto es, tratando del mismo modo conductas que sean de gravedad semejante, sean quienes sean y se envuelvan en la bandera en la que se envuelvan sus protagonistas.

Si la reacción de las autoridades, so pretexto de acabar con la conducta incívica de los energúmenos, se traduce en aplicar un filtro para considerar nociva la agresión solo cuando viene de determinada fuente y recae sobre determinado colectivo afín, más que de protección del derecho al honor, o a la integridad física y moral, nos hallaríamos ante un fiasco, un fraude y la restricción ilegítima de un derecho fundamental: el de la libre expresión.

Lo asombroso es que a uno le llamen censor por sostener lo primero, como si el nuevo atributo de las libertades, por los agravios sufridos, fuera su carácter ilimitado y turbulento. Y no menos desconcertante resulta que se le considere a uno en connivencia con los bárbaros por osar recordar que determinadas intervenciones del poder, respaldadas a priori por el interés público, pueden devenir despóticas cuando se entromete el interés partidista. Sobre todo si, como es tristemente frecuente entre nosotros, no se tiene el rigor y la honestidad de renunciar a perseguirlo en perjuicio de la causa de todos.

Buena parte de las cosas que nos pasan vienen del desprecio y de la sostenida falta de exigencia de las leyes ya vigentes, y del luego perentorio afán de enmendarlas a conveniencia con miras de corto plazo. En resumen: de ignorar, sistemáticamente, aquel virtuoso punto medio que postulaba Aristóteles.