Objetivo mayo 2015

Creíamos, ingenuos de nosotros, que, tras acudir a las urnas el pasado 25 de mayo, íbamos a disfrutar de cierta tregua electoral, al menos hasta el próximo otoño. Aparte de colocar al PSOE al borde del abismo, los resultados europeos dispararon la alarma en el PP, donde a 11 meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, ven en peligro su actual mayoría en importantes ayuntamientos y determinadas comunidades autónomas (no precisamente la de Castilla y León).

Y tras analizar el panorama, la respuesta ha consistido en lanzar a toda pastilla una reforma tributaria claramente diseñada para recuperar el fuelle electoral perdido. Visto que los indicios de recuperación económica siguen sin ser percibidos por el ciudadano de a pie, el PP ha desplegado directamente la que cree su mejor arma para recuperar al votante perdido: una futura rebaja en los Impuestos sobre la Renta y de Sociedades.

Para muchos, no se trata, ni de lejos, de la gran reforma fiscal que necesitaría la Hacienda española para recaudar más y de forma más equilibrada. Para recaudar más, en lugar de amnistiar a los defraudadores, bastaría con perseguir de manera decidida la enorme bolsa de fraude fiscal que persiste. Y para equilibrar la carga, habría que redistribuir el enorme desequilibrio entre la imposición que soportan las rentas del trabajo y las del capital y el patrimonio. No apunta en esa línea la reforma diseñada, que, en realidad y en el mejor de los casos, sólo hará que compensar a los contribuyentes de las subidas por el propio PP nada mas acceder al gobierno.

En cualquier caso, salvo reducir las retenciones, hasta dentro de un año no sabremos cuál será el alcance real de estas rebajas fiscales. Entre otras cosas, falta por ver qué posición adoptan al respecto las comunidades autónomas, que disponen de capacidad normativa sobre el 50% del IRPF, tramo sobre el que pueden subir o bajar los tipos e introducir deducciones. El ministro Montoro ha convocado este jueves a los consejeros de Hacienda, a fin de explicarles el contenido de la reforma y tratar de armonizar la política tributaria.

Pese a los continuos roces y desencuentros con Montoro, se supone que la Junta de Castilla y León va a ir de la mano con él en un viaje forzado por la necesidad electoral. A finales de 2011, el gobierno autonómico trató de compensar el desplome de la recaudación propia con unos nuevos impuestos autonómicos —entre ellos el «centimazo» sanitario— que no han evitado que las arcas autonómicas sigan exhaustas. No sería de extrañar que la Junta revisara ahora su política tributaria. El debate de mañana sobre el estado de la comunidad permitirá vislumbrar por donde vienen los tiros.