Obligado cierre de filas

Por la cuenta que le trae, para un partido que gobierna no hay nada como ver las orejas al lobo electoral para que los conmilitones aparquen sus agravios internos y cierren filas en aras del objetivo común de mantener el poder. Es lo que está sucediendo en el Partido Popular, seriamente preocupado ante la posibilidad de perder en 2015 una buena parte de la inmensa cuota de poder territorial que administra.

Sabedor de que el electorado castiga las divisiones internas, en el Partido Popular se ha impuesto la consigna de lavar los trapos sucios en casa y no ir dando tres cuartos al pregonero. Prueba inequívoca de ello ha sido la reciente comparecencia conjunta de Mariano Rajoy y José María Aznar, quienes acaban de ofrecer una imagen de cordial camaradería muy alejada de la guerra fría (y no tan fría) que venían sosteniendo desde que el primero llegó a La Moncloa.

En este contexto cabe situar la decisión del Gobierno de aplazar la revisión del nuevo modelo de financiación autonómica, motivo de discordia sobre el que las comunidades gobernadas por el PP mantienen posiciones abiertamente confrontadas. Por mucho que se sienta perjudicada por el actual modelo, dicho aplazamiento puede que sea lo mejor que le podía suceder a Castilla y León, que en las actuales circunstancias corría serio riesgo de ir por lana y salir trasquilada.

Y por supuesto, el guión no permite airear los problemas bilaterales entre administraciones «amigas», a los que procede aplicar la correspondiente sordina electoral. La Junta ha obrado en consecuencia y hace semanas que no se oye a ninguno de sus máximos responsables censurar públicamente actuaciones o inhibiciones de ningún ministro. Sin que haya cambiado básicamente nada, Cristóbal Montoro, habitual pimpampum del gobierno Herrera, ha dejado de ser objeto de sus habituales lindezas. Y otro tanto puede decirse del ministro de Industria, José Manuel Soria, del que a estas alturas la Junta espera únicamente la reapertura de la central nuclear de Garoña (la minería del carbón se da ya por amortizada).

La tercera antigua «bestia negra» era Miguel Arias Cañete y con su mutis por el foro europeo parecen haber decaído los agravios que se le imputaban mientras era ministro de Agricultura. Se diría que con la llegada de su sucesora, la vallisoletana Isabel García Tejerina, los contenciosos bilaterales han pasado a contabilizarse a beneficio de inventario. Y otro tanto puede decirse de las diferencias mantenidas con el ministros de Educación —¡qué lejos aquellas ásperas polémicas sobre el Archivo de Salamanca!— o con la de Sanidad. A unos y a otros les han recordado que están todos en el mismo barco.