Independentismo

Rafael Jorba, uno de los grandes analistas de la prensa catalana, ponía de manifiesto recientemente que el conflicto catalán es prepolítico ya que, mientras desde el Gobierno central y sectores de opinión aledaños se ha sacralizado la unidad de España, desde el Gobierno de Cataluña y fuerzas afines se ha banalizado el derecho a decidir. Como en un juego de niños, el Consell Assessor per a la Transició Nacional está redactando informes en que se exhiben con creatividad inocente los rasgos de una entelequia surgida de la nada, como si no hubiera detrás siglos de historia, compromisos adquiridos y vinculaciones que, si hubieran de romperse, producirían profundas heridas. Y la Generalitat y sus adláteres exhiben el derecho a decidir con irresponsable desparpajo, como si estuvieran resolviendo un conflicto vecinal o decidiendo una reforma de la Diagonal de Barcelona, como dice Jorba.

Y en el otro lado, el Gobierno Rajoy ni siquiera se molesta en esgrimir una batería argumental contra el secesionismo, invocando los principios básicos del Derecho Internacional al respecto: la resolución de las Naciones Unidas de 14 de diciembre de 1960, que considera el acta de nacimiento del derecho moderno a la autodeterminación de los pueblos, dice: «Todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas».

Invoca además Jorba a Stéphane Dion, el carismático politólogo que fue designado por el primer ministro canadiense Chrétien como ministro de Asuntos Intergubernamentales en 1996 para que redactara la Ley de la Claridad, con la que la federación salió al paso del secesionismo de Québec. Una democracia basada en la lógica de la secesión —ha dicho Dion— no podría funcionar ya que, frente a los disensos, apostaría fácilmente por la ruptura, siempre más fácil que la negociación y el pacto. «La secesión automática impediría a la democracia absorber la tensiones propias de las diferencias. El reconocimiento del derecho a la secesión invitaría a la ruptura desde el momento en el que se planteasen las primeras dificultades y divergencias en función de atributos colectivos como religión, lengua o etnia». La secesión no sería, pues, la regla sino la excepción: «Ante la voluntad clara de secesión, el Estado puede llegar a la conclusión de que aceptarla es la solución menos mala. Pero un gobierno democrático tiene la obligación de asegurarse de que esta voluntad sea verdaderamente clara, no contenga ninguna ambigüedad y no se proceda de manera unilateral, sino conforme al derecho». La secesión, en fin, debería ir en el peor de los casos en el límite de un intenso debate y de una ardua negociación, tras los cuales los distintos actores llegaran a la conclusión de que la ruptura no tiene remedio ni alternativa. Por ello es tan preocupante que la banalización del problema por parte de unos reciba como única respuesta el apático encastillamiento de los otros.