EDITORIAL: Aval legal para los parques eólicos cuando ya no se harán

La Justicia genera periódicamente situaciones que como mínimo pueden calificarse de sorprendentes. Durante años se acumularon las sentencias del Tribunal Superior de Castilla y León contra los parque eólicos ideados para La Cepeda y Omaña. El argumento es que no se habían tramitado adecuadamente ya que debían analizarse desde un punto de vista medioambiental como un proyecto único. Los magistrados dieron sistemáticamente la razón a los ecologistas obviando que únicamente dos parques y de manera parcial afectaban a la zona zepa del urogallo. Se frenaron de este modo inversiones millonarias para construir torretas eólicas que podrían estar en funcionamiento desde hace tiempo y que se habrían beneficiado de las famosas primas a las energías renovables que hoy ya están liquidadas por el Gobierno central.

Ahora el Tribunal cambia drásticamente su posicionamiento y considera que los procedimientos de las declaraciones de impacto ambiental fueron los adecuados y no era necesaria la pretendida tramitación unificada. Llega este pronunciamiento a cuenta de una nueva reclamación de los ecologistas, en este caso contra una subestación eléctrica proyectada para atender los parques que sí se construyeron aunque posteriormente recibieron sentencias contrarias.

El problema que surge en este momento del proceso es que se ha generado un daño importante. Se bloquearon inversiones que ahora ya nunca se pondrán en marcha porque el entorno ha cambiado radicalmente con la retirada de los incentivos a los parques.

Una vez más queda la duda de si tiene que existir algún tipo de responsabilidad para quien emplea los tribunales para generar procedimientos legales que dañan a terceros. Judicializar las cosas no debería salir gratis si existe un perjudicado.