’Espe’ y la corrupción

Esperanza Aguirre, que vivía medio retirada de la política desde que hace un par de años renunció a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha vuelto urgentemente al primer plano y está de bolos por los platós de televisión para garantizar que ella no ha robado, que en 30 años de vida pública no se ha llevado un duro y que ni su familia ni su entorno se han enriquecido a su sombra. Nadie le ha acusado directamente de meter mano en la caja, ni vender favores políticos a cambio de comisiones pero el clima de sospecha sobre la clase política que ha gobernando durante las últimas décadas es de tal magnitud que todos los políticos parecen señalados por la presunción... de culpa

La señora Aguirre solo ha sacado dinero —que se sepa— del cajero automático y le ha costado un serio disgusto por aparcar en el carril bus pero nada en comparación con la desolación de ver en prisión al que fuera su hombre de confianza durante años y el descubrimiento de toda una trama organizada para expoliar el dinero público de algunos ayuntamientos al sur de Madrid. Pero el hecho insólito de que dirigentes políticos de trayectoria cabal se vean obligados a dirigirse a la opinión pública para asegurar que no han cometido ilegalidades en el desempeño de su cargo revela el nudo gordiano de la actual crisis política e institucional española: se ha quebrado la confianza entre el público y sus representantes políticos. Se ha pinchado la burbuja en la que han residido tantos años alejados de la calle, del día a día, de los desahucios a jubilados con ochenta tacos y medio enfermos. Esa burbuja se ha pinchado y ahora el péndulo zumba en dirección opuesta. Hasta el punto de que en determinados ámbitos se está poniendo en marcha una especie de causa general contra todo y contra todos.

Ahora, a la democracia surgida de la Constitución del 78 y del gran pacto de la reconciliación se le denomina «régimen» como si en lugar de partidos, gobiernos, parlamentos y democracia representativa hubiéramos vivido sometidos a un sistema autoritario, corrupto, o de un solo partido o, sin libertades de información, expresión y demás, homologable a cualquier Estado moderno. No se trata de restar un ápice de trascendencia a los numerosos casos de corrupción que está abochornando a políticos y ciudadanos. Ni minimizar la responsabilidad de quienes confiaron durante años en personajes que al cabo del tiempo han demostrado su inmoralidad. Cada palo que aguante su vela, que pida perdón y aguante las consecuencias. Pero de ahí a poner bajo sospecha a toda la clase política desde la transición hasta nuestros días hay un trecho. Una delgada pero esencial línea divisoria. Porque no vaya a ser que entre la ira de unos, el oportunismo de otros vayamos a destruir el camino recorrido desde que España salió de la dictadura.