La desigualdad económica también es violencia de género

E l próximo día 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género, lacra execrable que siguen sufriendo muchas mujeres españolas a pesar de la enérgica repulsa social que genera y de los importantes esfuerzos policiales y judiciales dedicados a su persecución y condena. No obstante, debemos ser conscientes de que la violencia de género, a pesar de ser ejercida individualmente por desalmados, encuentra su caldo de cultivo en las estructuras de una sociedad marcadamente machista, sociedad que debe ser transformada en todos sus niveles y entre ellos, sin ningún género de duda, en lo que se refiere a la situación económica de las mujeres, cuya mejora evitaría que muchas tuvieran que soportar, por falta de recursos, comportamientos de infravaloración de sus parejas, que con el paso del tiempo pueden llegar a convertirse en violencia física y en el peor de los casos acabar con sus vidas.

Así a pesar de que nuestra Constitución en su artículo 14 proclama, «Todos los ciudadanos son iguales ante la Ley...sin que pueda prevalecer discriminación alguna...», entre otras, «...por razón de sexo», esta declaración, dista mucho de ser una realidad en la práctica. En el ámbito económico continua existiendo una importante desigualdad entre mujeres y hombres, desigualdad que se ha ido incrementando desde el inicio de la crisis económica, incluso a pesar de los importantes esfuerzos legislativos realizados en nuestro país en materia de igualdad, en especial por gobiernos socialistas, que si bien han logrado avances significativos en ámbitos públicos de nuestra sociedad, no han sido capaces de trasladar con la misma intensidad sus efectos a la esfera privada de las personas.

Esto hace preciso preguntarse si otros instrumentos políticos pueden reducir esta desigualdad de forma rápida y eficaz, valorando la contribución del resto de políticas públicas al logro de este objetivo, para ello nada parece más idóneo que analizar el presupuesto de cada Administración Pública, dada su importancia como documento clave de su política económica, en el que se recogen de forma sistemática la totalidad de programas y políticas impulsadas por cada Administración y la prioridad establecida entre ellas.

Numerosos estudios e informes, que ya han analizado esta cuestión, constatan que la mayoría de presupuestos no son neutrales al género y tienen un impacto diferente para mujeres y hombres, de forma que las actuales políticas en una serie de áreas, como son las laborales, de salud y de asistencia social, pueden llevar a perpetuar e incluso profundizar las brechas económicas y sociales entre unas y otros. Por ello parece imprescindible implantar un modelo presupuestario que, asignando sus gastos equitativamente en función del género, tenga en cuenta este diferente impacto, un modelo que desde hace tiempo se viene utilizando en algunos países anglosajones y cuyas primeras experiencias las encontramos a partir de 1984 en Australia, el Presupuesto Sensible al Género (PSG). Este modelo presupuestario, a pesar de su falta de aplicación generalizada en nuestro país, ya se viene utilizando con buenos resultados por algunas Administraciones Públicas españolas, como en el caso de la Junta de Andalucía, cuya experiencia ya trató de extenderse durante los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero a los Presupuestos Generales del Estado.

En síntesis el PSG analiza el efecto de las diferentes políticas de gastos e ingresos, especialmente en las mujeres con menores oportunidades, superando, sin embargo, la tentación de destinar partidas específicas a la mejora de su situación y en lugar de ello incorpora sus necesidades teniendo muy presente que, dada la distinta realidad de mujeres y hombres, el impacto de los programas y las políticas no será el mismo para unas y otros.

Algunos ejemplos de ello son que muchos recortes en el gasto público finalmente revierten en un incremento del trabajo no remunerado de las mujeres, que las ayudas familiares a menudo se canalizan a través del cabeza de familia, en detrimento de la persona que efectivamente se encarga del cuidado de sus familiares, y que en determinados casos, como en la educación, la ausencia de la consideración de género en la planificación del gasto público puede provocar situaciones de desventaja en cuanto a la educación femenina.

En nuestro país esta falta de perspectiva del género en la elaboración presupuestaria está poniendo de manifiesto, y en algún caso acentuando, los problemas antes señalados y así los recortes presupuestarios efectuados, fundamentalmente en materia de asistencia social, están ocasionando el aumento de la precariedad laboral de las mujeres, que en la actualidad sólo firman uno de cada diez contratos de trabajo indefinidos y ocupan el 76% de las jornadas a tiempo parcial, precariedad que además viene acompañada de una retribución salarial de media un 23% menor que la de los hombres.

No obstante, no podemos caer en el error de que la consideración del género en la elaboración de los presupuestos públicos sólo es una cuestión que afecta a la mujer, sino que su correcto diseño y puesta en práctica supondría un importante aumento del nivel de bienestar de la sociedad en su conjunto.