Una batalla dada por perdida

E ntre la sucesión de malas o pésimas noticias que nos invaden en los últimos tiempos ha pasado un tanto inadvertida la de que Castilla y León ha vuelto a ser en el primer semestre del año unas de las comunidades autónomas —la segunda, tras Galicia— con peor saldo vegetativo. Pese a un ligero repunte en el número de nacimientos, el de fallecimientos ha situado el saldo negativo en 5.582 personas.

Ese déficit vegetativo viene de muy atrás y no fue óbice para que Castilla y León ganara población durante los años de estabilidad y bonanza económica. La inmigración llegada al calor de la burbuja inmobiliaria daba, no sólo para enjugar ese saldo vegetativo, sino también para incrementar el censo. Justo hasta que la crisis comenzó a expulsar inmigrantes y a invertir esa tendencia demográfica. A falta de conocer el padrón definitivo de 2.013, desde 2009 esta comunidad ha perdido un total de 43.646 habitantes, unos cuantos miles más de los que residen en la ciudad de Soria. Y todo indica que, lejos de remitir, el desplome demográfico va para largo, ya que según las propias proyecciones del INE, en los próximos 10 años esta comunidad perderá otros 195.000 habitantes.

Lo peor es la resignación con la que hemos asumido esta sangría demográfica, que, más allá de ese negativo saldo vegetativo, se ve agudizada en los últimos años con la diáspora de miles de jóvenes con formación universitaria que abandonan Castilla y León en busca de las oportunidades que aquí no encuentran.

El problema estaba detectado desde 2006, año en el que el Parlamento autonómico diseñó una Estrategia de Lucha contra la Despoblación que nunca se llegó a aplicar. Cuatro años después, la Junta dio paso a la llamada Agenda de la Población, que tampoco ha conseguido resultado alguno. Ante lo cual, aprovechando que el mal afecta a otras varias comunidades autónomas, se ha optado por elevarlo a «problema de Estado» para que sea el Gobierno central el que lidere la solución al problema. Y de paso también se reclama que lo haga suyo la Unión Europea. Dicho de otra forma, la Junta ha decidido tirar la toalla.

Buena prueba de ello es que haya dejado en suspenso el Plan plurianual de Convergencia Interior contemplado por el Estatuto de Autonomía para corregir los desequilibrios territoriales de la comunidad autónoma. Esta renuncia a la inversión pública más directamente ligada al objetivo de fijar población confirma que la batalla se ha dado por perdida.