EDITORIAL: Ayudas muy necesarias para personas que llevan demasiado tiempo en el paro

La crudeza con la que la crisis económica ha castigado a la sociedad española deja a demasiadas personas en una situación de desamparo absoluto. Se acumulan ya excesivos años desde que se generó la drástica reducción del empleo sufrida en el arranque de la crisis, por lo que son decenas de miles las personas que llevan ya un tiempo dilatado sobreviviendo sin que nadie les garantice ni un futuro, ni lo que es más grave, un presente con unas mínimas esperanzas de como llevar una vida digna.

El reciente plan de ayudas de 426 euros puesto en marcha por el Gobierno aparecía como una tabla de salvación para esas miles de personas condenadas a situaciones de desempleo de larga duración. Pero la realidad en la ‘ventanilla’ frustra las esperanzas de esos parados que en el caso de la provincia se sitúan en torno a los 36.000. La complejidad en las tramitaciones y especialmente los requisitos que han sido establecidos convierten lo que se había ‘vendido’ como un plan de rescate para muchas familias en una trampa sin apenas éxito real que se transforma en una herramienta de publicidad política en un año en el que habrá una doble cita electoral.

El cambio de ciclo económico puede ser real, según sostienen cada vez más los expertos. Pero no es menos cierto que de repente se están generando unas políticas en todos los frentes que eran impensables hace apenas unos meses y que ocasionan una incontenible sospecha de que la cercanía de las urnas obra el milagro de hacer posible lo que no hace poco tiempo era incluso inimaginable.

Jugar con la situación terriblemente complicada que padecen desde hace tanto tiempo muchas familias condenadas a perpetuarse en las listas de los demandantes de empleo es muy injusto y totalmente inaceptable.

Hace falta un plan de ayudas serio y que realmente llegue a quienes lo necesitan para acabar con tanta situación de penuria como ha generado esta crisis. La vida con unas condiciones dignas es un derecho irrenunciable para todas las personas y por lo tanto las instituciones públicas están obligadas a garantizarlo. El plan de los 426 euros —una cantidad realmente escasa— debe llegar con agilidad y con facilidad a las personas que lo necesitan. La emergencia social no admite más dilaciones y mucho menos cualquier intento de aprovechamiento político con anuncios que la cruda realidad de las colas de las oficinas de empleo convierten en mera propaganda.

El paro es la prioridad del país y mientras las listas de demandantes de empleo no retornen a cifras menos dramáticas son imprescindibles planes de ayudas alternativos y realmente eficaces.