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rafael torres
León

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L os directivos, consejeros y paniaguados de Caja Madrid/Bankia creyeron que el dinero de los clientes era suyo, pero ¿cómo no creerlo si se lo podían fundir a dos manos sin que nadie les dijera ni pío? Bien es cierto que en la operación estaba implicado, por acción u omisión, por meter la mano o por mirar a otro lado, todo el mundo, los partidos, los sindicatos, los empresarios, el gobierno, la CNMV, el Banco de España, pero no lo es menos que el robo seguía tipificado en el Código Penal. ¿No lo pensaron?

Pero más alucinante si cabe que esa conspiración para el despojo masivo de los españoles, fue la pretensión del Gobierno del PP de consagrar el delito mediante el castigo a las víctimas y el premio a sus verdugos. Cuando la banca ful de las 7 Cajas de Bankia se hundió en mayo de 2012, y pasó a ser el banco zombi del Gobierno, Rajoy optó porque fueran los ciudadanos españoles los que corrieran con los gastos de las cacerías, los créditos suicidas, los sueldos multimillonarios, las tarjetas negras, los bancos de Florida, los puti-clubs y las mariscadas mediante su acuerdo de «rescate» con los prestamistas de Europa. Nada de pedir responsabilidades por la falseada salida a Bolsa, ni la devolución de los sustraído para resarcir a los estafados por las preferentes y las subordinadas, sino todo lo contrario. Bankia se enfrenta, por aquello del Código Penal, a la devolución de lo que su antecesora del mismo nombre se apropió con tan malas artes y complicidades. Extraña clase política y bancaria, que aún se sorprende ante el carácter inviolable de la propiedad... de los demás.

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