Lastre con el que no contaba el PP

P ese al deterioro nacional de la marca, la precampaña electoral venía discurriendo de manera bastante plácida para el PP de Castilla y León. Los sondeos de ámbito autonómico indican que puede renovar su mayoría absoluta o en el peor de los casos aproximarse mucho a ella. Y aunque aritméticamente cupiera formar lo que Juan Vicente Herrera ha llamado «una coalición de perdedores», la heterogeneidad de sus eventuales componentes hace completamente inviable esa alternativa. Por si hubiera alguna duda, Ciudadanos la ha disipado al proclamar su posición a favor de dejar gobernar a la lista más votada.

Sin embargo, las alarmas se han disparado en el PP de Castilla y León al aparecer un factor con el que el partido gobernante no contaba: la irrupción en primer plano de varios casos de presunta corrupción en el ámbito autonómico. Aunque esta Comunidad no ha estado nunca exenta de esta lacra, la percepción ciudadana es que aquí era un fenómeno aislado, sin el carácter «estructural» que ha alcanzado en otros predios autonómicos. Dicho de otra forma, no suponía un coste electoral endógeno añadido al desgaste de la marca genérica.

La ‘trama eólica’ denunciada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía Anticorrupción ha supuesto un salto cualitativo. Por varias razones. Por su propia dimensión cuantitativa, por el alcance nacional de sus ramificaciones y por sus conexiones y concomitancias con otros casos en fase de investigación judicial (los pelotazos inmobiliarios de Arroyo y Portillo). El hecho de que todo ello se localice en la misma órbita, la consejería de Economía, junto a la reiterada presencia de determinados ex altos cargos de la misma, abonan las sospechas sobre una presunta trama perfectamente diseñada para el enriquecimiento ilícito de sus promotores.

Aunque sólo sea por su responsabilidad ‘in vigilando’, el consejero de Economía, Tomás Villanueva, se encuentra en una situación políticamente insostenible. Por suerte para el PP, ya no es candidato a nada, pero su sola permanencia en el cargo supone en estos momentos un claro lastre electoral para el partido. Todo un problema con el que Juan Vicente Herrera no contaba a menos ya de cuatro semanas de la cita con las urnas.

El PP de Castilla y León tendría que hacérselo mirar. Igual que está desechada esa «coalición de perdedores» antes aludida, en el supuesto de que los populares perdieran su mayoría absoluta no habría por qué descartar un «pacto por la regeneración» mediante el que la oposición en bloque pasara a controlar las Cortes para empezar a ejercer desde ellas un verdadero control parlamentario de la Junta. Algo éste último que en la práctica no ha existido en los 24 años que lleva gobernando el PP con mayoría absoluta.