EDITORIAL: Servicios sociales: un acuerdo razonable que supone un alivio

La Junta, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, y la Diputación acaban de firmar el acuerdo marco para la cofinanciación de los servicios sociales por el que el Ejecutivo autonómico aportará la mayor parte de los 20,4 millones de euros para la prestación de esa atención durante este año y el próximo. Es un convenio que se firma cada dos años pero que en este caso presenta algunas novedades interesantes: mayor atención a las familias castigadas por la crisis, incremento de los medios para dar respuesta al nuevo modelo de atención a víctimas de violencia de género y recuperación de la financiación por parte de la institución provincial para el servicio de apoyo familiar y técnico a personas en situación de dependencia y discapacidad. Y una más inevitablemente marcada por la exigencia que imponen la situación social y la necesidad de resolver situaciones básicas de subsistencia: más apoyo especializado para hacer frente a casos de insolvencia hipotecaria y al problema de las mujeres embarazadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Al margen de que el acuerdo marco firmado y esa financiación, justa pero siempre insuficiente por la situación que atenaza a las administraciones, vengan a resolver al menos las grandes urgencias sociales, el escenario que se abre con la aplicación de la ley de la reforma local determina que habrán de ser las comunidades autónomas las que asuman esas responsabilidades. Y en ese sentido el reto del nuevo gobierno en la Diputación habrá de ser el de resolver un conflicto histórico con la Junta y transferir precisamente a los Servicios Sociales las competencias impropias que todavía asume en la gestión y financiación de los cuatro centros asistenciales que tiene a su cargo —Nuestra Señora del Valle, Cosamai, Santa Luisa y Sagrado Corazón— y que suponen una carga muy pesada para sus cuentas.