Laciana y la Fundación Octavio Álvarez Carballo

F undación. 3. f. Der. Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza, o piedad, que continúa y cumple la voluntad de quien la erige» (DRAE).

Cualquier persona que se haya propuesto investigar acerca de la historia contemporánea de esta provincia o alguna de sus comarcas, como el Valle de Laciana, entre otras pesquisas habrá querido profundizar sobre la saga de los Carballo. No son pocos los archiveros e historiadores que tuvieron en su día el mismo empeño, sin obtener más que buenas palabras o el silencio por parte de la Fundación Octavio Álvarez Carballo, una institución opaca en la que se han conjugado intereses diversos, desde la especulación en los grandes tiempos de la construcción a la caza de alto copete.

Exaspera la nula colaboración de esta fundación ante unos afanes naturales de estudio histórico sobre su propia génesis, en los que debiera ser la primera interesada, pero su actitud no hace sino invitar a emplear mayor tiempo y esfuerzo en indagar sobre sus grandes propiedades, sobre las causas que pudieran subyacer a su afán por evitar el acceso a sus archivos, sobre el porqué de la imagen altamente negativa de la que se ha hecho acreedora entre los lacianiegos, etcétera.

La Fundación Álvarez Carballo es propietaria de una importante superficie de pastos en el término municipal de Villablino. Son 19 las propiedades que conforman los denominados aros de vecera arriba, una serie de puertos de merinas que suman un total de 4.837 hectáreas. Para poner en perspectiva su extensión, sirva decir que ocupan nada menos que el 21,2% del total de superficie del municipio y tradicionalmente se consideraba tenían capacidad para apacentar 12.550 ovejas en la temporada estival. Los puertos de merinas propiedad de los pueblos de los municipios de Cabrillanes y San Emiliano —24 y 16 respectivamente—, suman 5.781 y 3.230 hectáreas. Los siete puertos conocidos popularmente como Casa Mieres, cuya titularidad corresponde al municipio asturiano de Mieres, suman 1.396 ha., mientras que el Puerto de los Hidalgos de Villafeliz —propiedad de la familia homónima de Sena de Luna— tiene 848 hectáreas de cabida.

La historia de estos aros de vecera arriba constituye, por dilatada y por ser evidencia de la resistencia del común de los pueblos ante los abusos nobiliarios —particularizados en este caso en el Condado de Luna—, uno de los vectores que arman la historia de Laciana, desde la Edad Media… hasta la actualidad. Como quiera que sus vicisitudes históricas han sido abordadas con solvencia en múltiples investigaciones y publicaciones, no incidiremos aquí en este aspecto. Anotamos, eso sí, que todavía a mediados del s. XIX, el Conde de Luna consiguió revertir el secuestro de que fueron objeto los puertos al amparo de la legislación sobre abolición de señoríos promulgada entre los años 1811 y 1837.

No pretendemos ocuparnos en una valoración del proceso por el cual propiedades eclesiásticas —como los puertos de la Casa Mieres— o nobiliarias —como los aros de vecera arriba— pasaron a manos de familias mediante estrategias de dudosa ética y caudales de suspicaz naturaleza. A menudo la labor filantrópica de los herederos de aquellos que amasaron grandes fortunas o su vinculación a corrientes de pensamiento bien vistas por la historiografía, son causa de que se soslaye este aspecto no menor de la historia contemporánea de Babia y Laciana. De hecho, filantropía, caciquismo, paternalismo… son conceptos sobre los cuales y en referencia a determinadas sagas lacianiegas se podría disertar largamente. Quizás en otra ocasión.

El caso es que, desde 1880, los bienes del Condado de Luna en la provincia de León pasaron a formar parte del patrimonio de Pedro Álvarez Carballo (1839-1881), que los compró al duque de Frías en 124.553,75 pesetas. De aquél los heredó su sobrino Octavio Álvarez Carballo, quien a su vez los vinculó, en el último de sus más de treinta testamentos, a la Fundación que habría de llevar su nombre, constituida a su muerte en 1951 con la finalidad primordial de contribuir al sostenimiento de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de León. Continuó así con la labor filantrópica de su tío, quien había dispuesto fondos para la construcción de una escuela en su pueblo natal, Caboalles de Abajo.

Llama la atención el hecho de que algunos significados lacianiegos, como Sierra Pambley o Álvarez Carballo, no consideraran la posibilidad de contribuir —en el contexto de su labor filantrópica— a mejorar las economías de sus paisanos dejando dispuesta la cesión a los mismos de las extensas superficies pastables de que eran propietarios. En el primer caso, los primeros patronos de la Fundación Sierra Pambley mostraron una actitud cuando menos insensible respecto a los intereses de los naturales en el proceso de venta de los puertos de Pinos. En el segundo, no sólo Octavio A. Carballo no dejó dispuesta la cesión de sus puertos en Caboalles de Abajo a sus paisanos piscardos sino que debió poner poco interés en facilitarles su derecho secular a pastar en los mismos —servidumbre que, por cierto, se olvidó de hacer constar su tío en el trámite registral de los puertos tras su compra, tal como hizo notar su también convecino el sacerdote Ángel Sierra Pambley—. En este sentido, llama poderosamente la atención el hecho de que otro ilustre piscardo, Fernando Álvarez de la Puerta (1832-1913), constituyera una fundación entre cuyos fines estaba la de sufragar para sus vecinos el alquiler de los puertos de Carballo, evitándoles así conflictos con los posibles arrendatarios de los mismos.

Toda esta cuestión fue objeto de valoración por Víctor de la Serna quien, a mediados del pasado siglo, escribió: «Se conservan aún restos de los intentos feudalistas del conde de Luna en la existencia de los llamados ‘aros de vecera arriba’, es decir, la parte más alta de las brañas, la coronilla, que por una increíble persistencia todavía constituyen una fuente de ingresos para unos señores que ya nada tienen que ver con los Condes de Luna, y que son sucesores de antiguos compradores al conde del discutible derecho a los ‘aros’. En estética histórica, la cosa es bonita. Pero debiera ser meramente honorífica, ¿no cree usted, querido ministro de Agricultura?» (V. de la Serna, El Valle de la libertad , en Abc , 04/08/1953).

Puede parecer que el hecho de ser los bienes referidos destinados hoy en tan loable fin como el de mejorar las condiciones de vida de algunos de nuestros ancianos justifica, al menos en parte, un estatus actual tan cuestionable y anacrónico. Pero nada más lejos de la realidad. La realidad es que la fundación está hurtando a la sociedad, en beneficio de unos pocos, los dineros que resultan de los alquileres de sus bienes, y no solo eso sino que hurta —o lo intenta— también a los lacianiegos sus históricos derechos de aprovechamiento comunal. También hace lo propio, como ya dijimos, con el acceso a unos fondos que la lógica —y también la ley— establecen deben tener, bajo la fórmula que sea, acceso público. Por si fuera poco, se emplea últimamente en actuaciones de reforestación de los puertos que, subvencionadas con fondos públicos, son de una más que dudosa pertinencia ambiental.

En este sentido, causa gran desazón el hecho de que Julián López Martín, obispo de León y presidente del Patronato de la Fundación Octavio Álvarez Carballo, haya tenido el cuajo de firmar unas cuentas, las referidas al año 2013 (últimas depositadas hasta la fecha en el Registro de Fundaciones de Castilla y León) en las que se informa de que en el objeto fundacional se empleó la cantidad de 5.000 euros. Desgraciadamente, no estamos ante la ofrenda de la viuda pobre (Marcos 12: 41-44). En la fecha citada, la fundación disponía de un activo valorado en 5.937.649,57 euros (668 fincas tasadas en más de 5 millones de euros, inversiones financieras de más de 700.000 euros, etcétera). Mientras que las Hermanitas recibieron la cantidad citada de 5.000 euros, la fundación, que ingresó en la anualidad de 2013 la nada desdeñable cantidad de 637.021,13 euros, gastó 115.158,45 euros en sueldos y 94.779,08 euros en pago a profesionales (parece ser que en muchos casos minutas de abogados y procuradores) a la vez que perdió 112.189,79 euros por el deterioro de inversiones a largo plazo.

Resumiendo, que a los viejecitos de la monjas les correspondió un 0,78 eurosd e lo ingresado y un 0,97% de lo gastado. Cosas veredes que farán fablar las piedras…