EDITORIAL: La Junta se aferra al céntimo verde como último salvavidas del carbón

La exención del 80% del Impuesto de Hidrocarburos al carbón vinculado a las inversiones medioambientales es, al menos así lo aseguran los expertos, la única salida posible para la minería del carbón. A la vista de esa situación, la Junta acaba de enviar al Ministerio de Industria una propuesta de enmienda al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 que el Grupo Popular debería introducir en el debate en el Senado en los próximos días si es que definitivamente este Gobierno tiene alguna voluntad de salvar a un sector que ya suma a 1.600 de sus 2.000 trabajadores en situación de regulación temporal de empleo y que en 23 años redujo en más de un 77% su producción, pasando desde entonces de 234 empresas a sólo 12, algunas de ellas en proceso concursal.

Ese recurso fiscal, conocido como el céntimo verde y que reiteradamente se ha puesto sobre la mesa, no sólo se presenta en la actual situación como el más eficiente, sino como el único posible para alcanzar el objetivo básico de incentivar el consumo de carbón de las minas españolas. Tanto es así que los expertos alertan de que, si no se aprueba de inmediato, el sector entrará en un deterioro irreversible antes incluso de que finalice el plazo fijado para su reordenación.

El mineral nacional tiene un sobrecoste de entre 11 y 20 euros por tonelada respecto al importado y su precio es de unos 80 euros frente a 62. La rebaja del impuesto sumada al incentivo a la desnitrificación, que exige Europa, llegarían a igualar el precio y harían competitivo el carbón autóctono. En esa situación, si el céntimo verde se aplicase de manera inmediata no sólo salvaría a un sector estratégico condenado a morir por asfixia, sino que además sería rentable para las arcas públicas. Lo sería porque, dejando al margen el coste millonario que supondría el cierre desordenado del sector, la rebaja en la recaudación tributaria se vería compensada con los impuestos que sin duda generaría la recuperación de una mayor actividad en las minas y su efecto multiplicador sobre las zonas de producción, sino que evitaría pagar las prestaciones por desempleo que cobran esos 1.600 trabajadores que en estos momentos se ven afectados por expedientes de regulación sólo en la provincia.

Y un argumento más a su favor: el céntimo verde no sólo no contraviene la normativa europea sobre ayudas estatales y competencia, sino que está sólidamente amparado por las directrices y recomendaciones de la UE en aspectos tanto de carácter energético como medioambiental.