EDITORIAL: Medidas contradictorias que dañan la remolacha

La sombra del abandono vuelve a planear sobre un cultivo fundamental para la provincia como es la remolacha, y del que dependen en buena medida los ingresos de más de 800 agricultores junto a los 200 empleos directos que genera en la azucarera de La Bañeza. El cultivo presentaba como principales bazas un precio mínimo estable hasta 2020 que, sumado a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) —pago asociado y Programa de Desarrollo Rural (PDR)— colocaba el precio de la tonelada de raíz en medias de 40 a 42 euros, una cantidad suficiente para compensar al cultivador el mayor esfuerzo que genera la remolacha frente a otras opciones.

Pero a todo esto se une la necesidad de cumplir con las rotaciones de cultivo que impuso Bruselas en la reforma de la PAC, y que situaban esta planta como una de las principales alternativas. Y ha sido a la hora de firmar los contratos del Programa de Desarrollo Rural cuando los remolacheros han descubierto que se complica de manera notable la dedicación a este cultivo. Los trabajos para cobrar el subsidio supondrán mucha burocracia y mayores gastos, de forma que, en una primera reacción, se provoca una huida del sector frente al objetivo que persiguía el plan, y que era precisamente el evitar la pérdida de superficie de remolacha. Las prácticas que impone el PDR sin duda benefician al medio ambiente y repercutirán en el ahorro de las explotaciones, pero ocasionan al cultivador unos gastos que no se cubren con las ayudas.