Sectarismo constitucional
U na de las pruebas de la madurez de Cataluña ha sido el hecho constatable de que, aun en los momentos de mayor fragor nacionalista, la administración autonómica se ha comportado con exquisita neutralidad. Así, la última Encuesta de usos lingüísticos de la población 2013, publicada en abril del año pasado, realizaba un dibujo de la realidad que con seguridad puso de los nervios al nacionalismo radical. Porque esa encuesta corroboraba que 3.172.000 millones de catalanes tienen el castellano como lengua habitual, frente a solo 2.269.600 que se inclinan por el catalán y a 426.600 que consideran que ambas lenguas son para ellos habituales e intercambiables.
El castellano domina claramente en las zonas urbanas y el catalán en las rurales. Pues bien: en este marco, diecisiete ‘ponentes’ constitucionales presentan a la presidenta del Parlamento de Cataluña, la señora Forcadell, antigua dirigente de la Asamblea Nacional de Cataluña, un proyecto de Constitución de la futura república catalana que tan sólo considera lenguas oficiales de Cataluña el catalán y el aranés. Además, habrá una condescendiente «protección de los derechos de las personas que son castellanohablantes». Se pretende —añaden quienes conocen el proyecto— proteger el pluringüismo y no el bilingüismo porque «en Cataluña se hablan muchas lenguas».
El sectarismo deriva muy fácilmente en estulticia, y estamos en presencia de una de las ocasiones en que sucede tal cosa. Porque, al parecer, los aspirantes a constituyentes, a cuyo frente está el senador de ERC y exjuez Santiago Vidal i Marsal, trabajan con el material de una Cataluña onírica e irreal, la que les gustaría que fuera y no es.
Podría pretextarse para justificar el desmán que, aunque las cosas son como son, en Cataluña existe la secreta aspiración del monoligüismo. Pero no es así: aunque el grupo de lingüistas Koiné irrumpió a finales de marzo con un manifiesto en contra del bilingüismo en el que reclama el «estatus de idioma territorial» para el catalán y acusa al castellano de haber sido «impuesto por el Estado» español, la voluntad de los catalanes es conciliadora y, según una encuesta confeccionada por Gesop para un periódico catalán, el 72,7% de los encuestados considera que, incluso si Catalunya fuera independiente, tanto el catalán como el castellano deberían ser lenguas oficiales, mientras que solo el 23,5% opinan que esa cualificación únicamente debería lucirla el catalán.
Es en definitiva inocultable que estos ‘constitucionalistas’ forman realmente un grupo de radicales, cuando la tarea constituyente debe provenir del pluralismo interno de una cámara parlamentaria dispuesta a generar un amplísimo consenso en el que, como es lógico, deberán participar todas las sensibilidades. Como se hizo al engendrar la Constitución española del 78.