EDITORIAL: Minería: un final que no por anunciado es menos doloroso
La Comisión Europea confirmó ayer los peores temores para la minería leonesa bajo una noticia abierta a muchas interpretaciones, la mayoría de ellas erróneas. Con la concesión de 2.130 millones de euros para afrontar «el cierre ordenado» de 26 minas de carbón «no competitivas» se propone la UE «aliviar el impacto social y medioambiental del cierre de esas minas sin falsear indebidamente la competencia en el mercado único». Es la moldeada respuesta de la autoridad europea a la notificación a Bruselas el pasado mes de abril por parte del Gobierno español de su firme intención de conceder ayuda pública a las explotaciones que deberán cesar en su actividad de aquí a 2018. Endulza la Comisión Europea su comunicación prometiendo ayuda financiera a los trabajadores que hayan perdido o vayan a perder su empleo debido a los cierres mediante el pago de las indemnizaciones por despido y de las prestaciones de seguridad social.
La realidad tamizada es bien distinta y, sobre todo, más dura. Por un lado, la cifra de los 2.130 millones lleva al primer engaño: los fondos destinados al sector desde que se abrió el actual marco rondan los 1.400 millones y son deducibles esa ayuda. Y, por otro, no hay nada de la minería del carbón española, ni pública ni privada, que pueda ser competitiva a futuro con las condiciones establecidas en la planificación que fue aprobada a finales de 2010.
Dejando claro que el origen del problema —y sólo el origen— es que ya entonces se planteaba la desaparición del carbón nacional subvencionado a finales de 2018, lo cierto es que la situación se vio agravada y precipitada por los sucesivos incumplimientos de los acuerdos firmados por el Gobierno y la entrada en un escenario inesperado y desconocido para el mercado energético internacional. Esos tres factores acabaron estrangulando hace ya tiempo un sector básico para la provincia en general, y en particular para algunas comarcas que no acaban de encontrar alternativas de supervivencia económica y laboral.
Después de años de retrasos, incertidumbres, silencios y dudas, la CE acaba de despejar la última: ninguna de las minas operativas en el país hace dos años, tanto de interior como cielos abiertos, presentó ante Bruselas un plan que no sea el de clausura en el plazo máximo de año y medio. Diecisiete de esas veintiséis explotaciones están ubicadas en la provincia. Y una parte de ellas, la más importante por volumen de producción y capacidad de empleo, ya desaparecieron en la práctica. Otras sencillamente están pendientes justamente de que se habiliten las ayudas al cierre que contempla el plan que ahora se anuncia. El hecho de que los detalles de la liquidación sean aún una incógnita, no sólo para el sector, sino para administraciones implicadas como la Junta, sólo viene a demostrar lo mal que se hacen las cosas. Y sobre todo lo mal que se hicieron. Hoy, ya sí, ha muerto el carbón.
