La Junta amplía su compromiso social en la contratación
La Junta asume como compromiso social responsable la imposición en los pliegos de contratación pública de la incorporación de un número determinado de víctimas de violencia de género, discapacitados o preceptores de la renta de ciudadanía acogidos a un programa de inclusión social. Este compromiso, que amplía el de 2012 y aprueba las nuevas directrices vinculantes para los órganos propios, es de obligado cumplimiento para las empresas ordinarias que contraten con la administración de la comunidad autónoma.
La incorporación de nuevas cláusulas sociales deberán primar a las empresas con una visión más social, que incorporen medidas en favor del fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con discapacidad, la defensa de la estabilidad en el empleo, la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el impulso de medidas de conciliación. En un aspecto más amplio y no menos importante también se añade como medida social el compromiso de facilitar el acceso de pymes a la contratación, para lo que será necesario racionalizar la contratación adecuando la necesidad de la administración y las posibilidades por parte del ofertante. Por otra parte, se elevará en tres puntos el actual compromiso de reserva anual de contratos de la administración a los centros especiales de empleo y lo extiende además a las empresas de inserción laboral. Se trata, en definitiva, de crear una metodología de contratación y un catálogo de buenas prácticas que posibiliten un mejor aprovechamiento de las habilidades sociales y laborales de personas con discapacidad y de aquellas con mayores dificultades de inserción laboral, incrementando la competencia social y posibilitando la adaptación a los entornos laborales de acuerdo a las demandas actuales con el fin de ampliar sus oportunidades de empleo.