TRIBUNA

Liando la devolución de las cláusulas suelo

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Eloina Terrón Bañuelos Coordinadora Provincial de Izquierda Unida León y Concejala de San Andrés del Rabanedo
León

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H a tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que saque a la luz los desmanes y abusos de la banca española, en este caso en las cláusulas suelo de las hipotecas.

Es cierto que ya el Tribunal Supremo lo planteó, pero solo reconocía que las personas afectadas podían recuperar el dinero desde 2013. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es claro: las familias afectadas tienen derecho a recuperar todo el dinero cobrado de más.

A partir de esta sentencia entra en juego todo un mecanismo para salvar de nuevo a la banca y se articula un decreto ley anunciado para «la protección del consumidor en materia de cláusulas suelo» que más bien parece hecho en defensa de la banca.

De hecho, ha sido ampliamente criticado por las asociaciones de consumidores Adicae, Facua y la OCU que alertan que «el consumidor queda en manos del banco» con el decreto de las cláusulas suelo.

Este decreto ley pactado por PP, PSOE y CS permite que sea el banco el que decida cuando reciba las reclamaciones. Si el banco estima que procede la petición, dará la valoración y el cliente tendrá que mostrar su conformidad y entonces cobrará. Si no está conforme tendrá que ir a juicio. Pero si el banco estima que no procede, no deberá dar ni valoración ni tramitar la solicitud. Eso sí, deberá explicar las razones por las que no lo hace.

Es decir, los bancos que consideren que sus condiciones eran «fácilmente detectables», como sostiene algunos banqueros, no tendrán la exigencia legal de devolver el dinero.

Incluso algunos otros bancos, consideran que, aunque están condenados por el Tribunal Supremo, cuentan con una parte de sus clientes que para ellos tienen suficiente preparación y formación como para que la cláusula suelo fuera, según estos banqueros, transparente y perfectamente entendible.

Por eso consideran que no están obligados a devolverla. ¿Cómo evalúan ellos esa suficiente preparación y formación? ¿Alguien estaría dispuesto a pagar más, si no fuera por toda esa ingeniería financiera que se montaron en torno a las hipotecas y las cláusulas suelo?

Hasta las asociaciones denuncian que este mecanismo es «puro humo» y no establece sanciones para los bancos que decidan no adherirse al sistema extrajudicial de reclamaciones, ni para los que lo hagan pero se nieguen a devolver todo el dinero.

Es más, aquellas personas afectadas que no usen esta mediación de las cláusulas suelo, tendrán que pagar sus costas si el banco no litiga. Con esta fórmula se pretende que los usuarios renuncien a recurrir a los tribunales, donde los jueces están concediendo indemnizaciones elevadas al contemplar en muchos casos el interés legal del dinero sobre la cuantía cobrada de más.

Es más, durante el período de tres meses establecido para el mecanismo extrajudicial, se interrumpe el cálculo de intereses a favor de los afectados.

En definitiva, se «regala» ese importe a la entidad bancaria. Además, permite a las entidades bancarias negociar con el afectado que se produzca la devolución no solo en efectivo o que se devuelva mediante la entrega de productos financieros.

No hace falta leer la letra pequeña para darse uno cuenta que el acuerdo contiene trampas que son inaceptables. De esta forma el trato «flexible» a la banca vuelve a generar unas condiciones favorables a quienes se han apropiado del dinero de la ciudadanía y graba a la gente, haciéndoles tributar por las deducciones de compra de vivienda a las que pudieron acogerse en su momento.

Parece que hay demasiado interés en salvar a los poderosos de nuevo. Esto justifica el pacto PP-PSOE-C’s sobre las cláusulas suelo, que permite que la banca se niegue a devolver la cláusula suelo si «cree que no es opaca». Es decir, que convierte a la banca, la defraudadora, en juez y parte, que decide si sus propias prácticas supusieron «un abuso al vender la hipoteca». Es como poner al zorro a cuidar el gallinero.

Es intolerable que, con el dinero público, el de todas y todos, se genere este mecanismo extrajudicial gratuito, que ahorra dinero a los bancos en pago de costas, que algunos cifran en casi la misma cuantía que lo demandado. Y que los bancos, que son los que han causado el problema, encima no solo no asuman sus responsabilidades, sino que sean quienes decidan realmente quién y cuánto cobran por los importes debidos por las cláusulas suelo.

Porque al final cada banco decidirá a quién informar, es decir, solo a los que entienda que han sido perjudicados por su mala praxis en la venta de las cláusulas suelo. Al resto, el banco les mandará una nota diciendo que no es procedente la reclamación y el proceso finaliza.

Hay que destacar que el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos han pactado un real decreto, utilizando la fórmula de real decreto y no como proyecto de ley, para que no se puedan presentar enmiendas en el trámite parlamentario por parte del resto de los partidos políticos.

Pero hay que recordar igualmente, que, si se acaba reintegrando a los hipotecados el dinero cobrado fraudulentamente más los intereses, no será como consecuencia de este real decreto, sino de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que establece la retroactividad total en las devoluciones en contra del criterio del Supremo español, que pretendía que los bancos se quedasen con todo lo defraudado antes de mayo de 2013.

Por eso desde Izquierda Unida exigimos que las entidades bancarias cumplan el dictamen del TJUE y devuelvan íntegramente todo el dinero cobrado de más, de forma urgente y sin paliativos, cuestionando la actitud de PP, PSOE y Ciudadanos que parece que velan, una vez más, por los intereses de la banca, que por las necesidades de los millones de ciudadanos y ciudadanas afectados por esta estafa.

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Y vamos a ver aun si no acaban retorciéndolo todo para que acabe siendo el Estado el que tiene responsabilidad subsidiaria. Esto no pasaría con una banca pública.