Excusa sobrevenida
E ntre los inmediatos daños colaterales originados por el desafuero catalán figura el del aplazamiento del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que el Gobierno de Mariano Rajoy debía haber presentado a finales de septiembre. No lo ha hecho al no poder contar con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, cuyos cinco diputados del Congreso resultan imprescindibles para disponer de la necesaria mayoría parlamentaria.
El PNV, que, vía liquidación del cupo, sacó una suculenta tajada a cambio de apoyar las cuentas del Estado para 2017, no ha querido repetir dicho pacto, temeroso del coste electoral que podría suponerle la eventual —y cada más inevitable— aplicación a Cataluña del ya célebre artículo 155 de la Constitución. A la espera de que se aclare el panorama, los peneuvistas han tenido que renunciar a dicho filón en aras a una «solidaridad nacionalista» que les impide vender de nuevo su voto a Rajoy. De suerte que Montoro ha tenido que guardar en el cajón su proyecto presupuestario para 2018, que ya veremos si acaba viendo la luz o sucumbe víctima de una prórroga de los Presupuestos en curso.
En principio, y según la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, dicha eventualidad no afectará a la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad, que, de respetarse el plazo estatutario, deberán remitirse a las Cortes a mediados de este mes de octubre. A diferencia del gobierno Rajoy, el de Juan Vicente Herrera dispone del consabido apoyo de Ciudadanos, que, a cambio prácticamente de nada —a lo más, nada con sifón— ya ha dado luz verde al previo y preceptivo techo de gasto.
Dicho techo de gasto se ha fijado en 9.575 millones de euros, 327 millones más de los disponibles en 2017. De lo que no sabemos prácticamente nada es del destino al que la Junta piensa dedicar tan considerable incremento presupuestario. Está por ver qué parte de dicha cuantía apuntala el gasto social convaleciente de los recortes aplicados en los años de plomo de la crisis, y a dónde va a parar el resto. Lo que sí sabemos es que dicho crecimiento presupuestario no va a restituir el Plan de Convergencia Interior contemplado en el Estatuto de Autonomía «para eliminar progresivamente los desequilibrios económicos y demográficos entre las provincias y territorios de la comunidad».
La Ley de Ordenación del Territorio aprobada en 2013 obligaba a la reposición de dicho Plan tan pronto como el PIB autonómico creciera por encima del 2 por ciento, requisito que se viene cumpliendo desde 2015.
Sin embargo, con la sobrevenida excusa de la falta de aprobación de los mapas rurales, el gobierno Herrera se obstina en ignorar lo que, preceptos legales al margen, debiera constituir una de sus máximas prioridades. ¿O no?