Fractura y factura
M ientras la espada de Damocles del artículo 155 pende sobre la Generalitat de Cataluña, cabe preguntarse, más allá de la fractura institucional, a cuanto ascenderá y cómo le repercutirá al resto de la España autonómica el grave quebranto económico originado por la aventura secesionista. Celebrando una realidad virtual, algunos gobiernos autonómicos no disimulan su gozo al albergar en sus territorios a bancos y empresas que han sacado sus sedes sociales fuera de la quimérica república catalana. Sin embargo, el mero cambio de domiciliación no reportará significativos ingresos fiscales a las comunidades de acogida.
Resulta obvio que, salvo al País Vasco y Navarra, blindadas por sus respectivos conciertos forales, el desaguisado catalán terminará pasando factura al resto de las Autonomías. De momento, la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica ha quedado aplazada hasta que se normalice la situación política en Cataluña, algo que nadie sabe cuanto puede tardar en producirse. Entretanto seguirá vigente un modelo que no satisface absolutamente a nadie, ni a las comunidades más pobladas y con mayor renta, ni a las que, como Castilla y León, se vez penalizadas por el envejecimiento y dispersión de su menguante población.
Y parece cantado que, cuando finalmente se aborde la cuestión, Cataluña saldrá netamente beneficiada del nuevo reparto. No tanto como concesión a los independentistas —que no por eso van a cejar en su empeño— como por confortar a quienes no lo son, que encontrarían en una mejor financiación estatal un sólido argumento para seguir plantando cara al secesionismo.
Así las cosas, la Junta de Castilla y León acaba de enviar a las Cortes su proyecto de Presupuestos para 2018, cuadrando las próximas cuentas de la comunidad autónoma en 10.858 millones. Se ha destacado engañosamente que se trata de una cuantía record, pero dicho crecimiento resulta ficticio, ya que nada menos que 1.187 millones (un 10,93 por ciento) se destinan a amortizar deuda pública, el gran lastre que los años de crisis ha legado a las arcas autonómicas.
El total de gasto disponible a disposición de las consejerías es inferior en casi mil millones al presupuestado en 2010 y ni siquiera el gasto social (Sanidad, Educación y Familia) alcanza el montante de aquel año, lo que sigue suponiendo, IPC acumulado mediante, una pérdida real superior al 10 por ciento en tan prioritario capítulo. Por no hablar de las inversiones, que ocho años después siguen reducidas a poco más del 30 por ciento de las presupuestadas entonces. Visto lo cual no parece que se trate de unos Presupuestos como para ir tirando cohetes.