Censuras

Han amenazado con denunciarme varias veces, algunas incluso con letras de imprenta que no pasaron de intentos de acobardarme. Pero sólo una vez me dieron un ultimátum. Una única ocasión en la que con acuse de recibo enviaron la carta al periódico para advertir de que nos veríamos en los juzgados si no retirábamos la noticia de internet. No fue por un insulto, ni por una intromisión al honor, ni por una información sin contrastar, errónea o falsa. Se trataba de una metáfora. Un juego de palabras. Un titular irónico con el que retratar la realidad que había convertido un carril de Papalaguinda en un parque infantil, pegado a los coches, con juegos protagonizados por los muñecos de una popular serie de dibujos animados. Casi me llevan delante del juez por bromear con que el protagonista era «un peligro público». El aludido, que ejerció su derecho a la ofensa por medio de la empresa que representa su titularidad, era Pocoyó. No es broma.

El derecho a sentirse ofendido se entroniza ahora como arma para ejercer la censura y convertir en delito las conductas políticamente incorrectas. En una semana, el catálogo de mordazas se llena con el descuelgue de unos cuadros de la feria Arco que no buscaban más que lo que han logrado; el secuestro judicial del libro «Fariña», escrito por Nacho Carretero y que ya me he metido entero, por tres líneas probadas sobre un exalcalde gallego; y la condena a un rapero por unas rimas estúpidas que no deberían de traspasar la consideración de faltas, si no se quiere judicializar la historia del rock transgresivo en la que se insertan Eskorbuto y La Polla Records. No me hace falta compartir la obra para considerar su libertad de expresión, que no viene dada por su consideración de artistas, sino por la concepción de un espacio común en el que actuar de manera crítica como emisores y receptores que analizan el mensaje o la obra como quieran, incluso como una imbecilidad que retrata a su autor. No necesito que ningún poder, ni tampoco los colectivos de piel fina que se afanan en definir catálogos de buenas prácticas, esterilicen los mensajes para construir un estado moral cuyas normas me vienen dadas, con el peligro añadido de quién las impone. Si cedemos esta responsabilidad, para que el Estado nos infantilice, cada vez pensaremos menos y nos limitaremos más. Yo, de momento, no escribo de dibujos animados. Son un peligro público.