El fugado errante
L a noticia de que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, podrá ser entregado a España pero solo por el delito de malversación y no por el de rebelión, ha vuelto a abrir la polémica sobre la utilidad de la euroorden si, al final, en la Europa lenta y burocrática cualquier juez de un pequeño juzgado regional utiliza su «minuto de gloria» para cuestionar el sistema judicial de todo un país. Una errónea aplicación de la euroorden por parte de esta instancia alemana no solo pretende someter a la justicia española a una fuerte presión sino que cuestiona el principio europeo de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en el seno de la UE. Es cierto que el delito de rebelión en España, similar al de alta traición en Alemania, no está recogido entre los 33 delitos que explicitó la orden europea de detención y entrega. Pero analizar la documentación aportada por el juez Pablo Llarena y eximir a Puigdemont de dicho delito es una extralimitación de sus funciones. En alguna ocasión he dicho que estos son días donde hay que solemnizar lo obvio cómo que España es un Estado social democrático y de derecho, una democracia consolidada y plenamente integrada en la Unión Europea, respetuosa con los derechos fundamentales. Hay que repetirlo muchas veces porque algunos llevan demasiado tiempo haciendo un dibujo de nuestro país en blanco y negro sin matices, donde parece que hemos regresado a los oscuros años 30 como si el tiempo se hubiera detenido por el capricho de un ramillete de políticos de medio pelo e inconscientes que parecen empeñados en llevarnos al abismo. Puigdemont es un cadáver político, una china en el zapato de su propio partido, que por salvar su pequeñísimo ombligo se quiere llevar por delante lo que haga falta y al final se va a convertir en un apátrida errante.
«No vamos a consentir que una sola persona por mucho que se apellide Puigdemont nos impida avanzar hacia una cierta normalidad», me decía el otro día un compañero suyo de partido. Se puede decir más alto pero no más claro.