Diario de León
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panorama antonio casado
León

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N o le hacía falta al Gobierno feminista que dos de sus ministras se convirtiesen en piezas de caza al cumplirse los cien primeros días del mandato. Con tan feliz motivo, Pedro Sánchez ha fijado en la «coherencia» la clave moral de su proyecto.

Una apuesta valiente cuyo riesgo es el de que otros le apaguen el farol. Suele ocurrir respecto al adversario político que, por supuesto, competirá por ser el primero en lo bueno y el último en lo malo. Aunque si empatan en lo malo seguro que se impone la solidaridad de casta.

Véase como el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se apresura a declarar públicamente que, antes de reprobar a la ministra Carmen Montón por un quítame allá ese máster, escuchará sus explicaciones. Está pidiendo para él la comprensión que ofrece para Montón, en similares circunstancias por lo que se refiere al engorde artificial del respectivo historial académico.

Como en el de Casado y Cristina Cifuentes, anda por medio la Universidad Rey Juan Carlos y su desacreditado Instituto de Derecho Públicos. Los responsables de la misma han aclarado que precisamente abrieron esta investigación, la de Carmen Montón, tras los hechos que afectan a los dos nombres del PP, que están sometidos a una investigación judicial.

Más calado moral, porque transciende a las personas, es el culebrón surgido a raíz de la supuesta revisión de un contrato para la venta de bombas láser a Arabia Saudita, utilizables de hecho por los aliados suníes de este país en la guerra civil de Yemen. Calado económico también, pues la consecuencia inmediata de una eventual suspensión, que no está confirmada ni mucho menos, sería perder 6.000 puestos de trabajo en la bahía de Cádiz, si la consecuencia fuera que, a su vez, Arabia Saudi respondiera con la ruptura de un contrato para construir cinco corbetas en los astilleros de Navantia.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, lamenta que algunos, con desconocimiento de causa, hayan metido el miedo en el cuerpo a esos 6.000 trabajadores. Tal vez por razones electorales (Andalucía votará en otoño). Pero dirige un Ministerio de Estado y tampoco ha podido ser más explícita en su intento de desactivar un problema creado en parte por el fuego amigo.

En un ambicioso cuadro de vigentes relaciones comerciales y políticas con Arabia Saudí, que van a continuar y que desbordan ampliamente el alcance de un preciso contrato, no parece que vaya a haber cancelación. Ni en el de las bombas por parte de España (apenas 9 millones de euros), ni en el de las corbetas, por parte de Arabia Saudí (casi 2.000 millones). Pero será inevitable que la opinión pública española se pregunte: «¿Por qué nuestras bombas matan civiles en Yemen?»

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