La privatización atiza otra vez el fuego de la polémica por la apertura del esquí

La nevada de principios de esta semana, infrecuente en un mes de otoño, acabó por desatar otra tormenta más allá de la propiciada por las consecuencias derivadas de tan generosa precipitación, que sobre todo causó problemas en las comunicaciones a través de la Cordillera Cantábrica. El anuncio de la inmediata apertura el jueves de La Masella, en Girona —la más temprana de la historia no sólo de la propia estación sino también de los Pirineos—, llamó la atención de los esquiadores y desató reacciones en algún caso frustrantes, como la de Alto Campoo, que habilitó parte de las instalaciones sin que realmente se pudiese esquiar, y que dejó en un quizá muy condicionado, que luego fue no, que Valgrande-Pajares llegase a hacer lo mismo este fin de semana.

Los precedentes generaron las lógicas expectativas entre los aficionados leoneses, sobre todo alentadas por la idea extendida a través de las redes sociales —falsa a la vista de las imágenes en directo de la propia estación— de que habría zonas en San Isidro con dos metros de nieve. El fuego de la polémica se atizó desde la propia Diputación, gestora de las instalaciones, al afirmar que San Isidro y Leitariegos ya estarían abiertas si ambas hubieran sido privatizadas y que, en cualquier caso, el lunes se decidiría, en función de los informes técnicos, si se adelanta o no una apertura prevista para el 30 de noviembre. Algo esgrimido desde la propia institución es innegable y es que la privatización permitiría una mayor agilidad en los trámites. Una agilidad que traban las condiciones de los fijos discontinuos y personal laboral de la Diputación que activan y mantienen esas instalaciones. En cualquier caso resulta irritante para el ciudadano ese afán privatizador vendido como si esa fuera la solución para el déficit que temporada tras temporada genera el esquí para la institución. ¿O es que acaso la Diputación se libraría de cargar con él llegados a esa situación?