Auto-de-terminación al final de la vida

M i abuela materna parió nueve hijos (8 mujeres y el último un varón) y, cansada de estar preñada continuamente en contra de su voluntad, un día decidió meter un hacha bajo la almohada para ahuyentar a su marido, mi abuelo, cuando llegaba por las noches a la cama con unos cuantos vasos de vino de más. Lo cuento en El hacha bajo la almohada (Madrid, 2016) donde, además, recupero algunas historias de pacientes que pasaron por mi consulta de Psicología Clínica así como un par de relatos sobre la forma cómo nos enfrentamos a la muerte. En uno de ellos, perteneciente a la España negra y profunda, también se utiliza un hacha para solucionar una situación trágica y, en el otro, el protagonista emprende un viaje sin retorno a Zúrich (Suiza) donde está despenalizada la ayuda médica al suicidio en caso de enfermedad grave e incurable.

A principios del siglo pasado la mujer rural de nuestro país debía aceptar los hijos que Dios le enviaba con lo que se convertía en esclava de sus creencias religiosas, de los caprichos sexuales de su marido y, posteriormente, de sacar adelante a su numerosa prole. En la actualidad el panorama ha cambiado radicalmente. Las mujeres son dueñas de su cuerpo y son ellas las que deciden cuándo y cómo quieren tener a sus hijos. Como en el resto de los países avanzados, tenemos una ley de plazos a la que se puede recurrir, en último término, para interrumpir un embarazo no deseado. La igualdad entre hombres y mujeres es un hecho real y legal aunque en la práctica queden todavía muchos flecos pendientes.

La muerte, sin embargo, sigue estando en manos de Dios (para los que son creyentes) o de la, a veces, despiadada naturaleza. Recientemente, sin embargo, en el Congreso de los Diputados se ha allanado el camino para debatir un proyecto de ley que, como se dice ahora, empodere a la persona gravemente enferma y sin posibilidades de curación sobre cómo y cuándo quiere morir. De esta forma, nos podremos alinear con países como Holanda o Bélgica que ya llevan años aplicando una ley que despenaliza la eutanasia activa y el suicidio médicamente asistido en situaciones clínicas desesperanzadas.

Como he dejado patente en varios de mis libros y en diversos artículos publicados en revistas de pensamiento y en la prensa diaria soy partidario de ampliar la libertad de las personas a la hora de decidir cómo finalizar sus vidas, sobre todo cuando padecen una enfermedad grave, sin posibilidades de curación ni de mejoría, que les provoca un sufrimiento difícilmente soportable y siempre que el paciente exprese su deseo lúcido, consciente y reiterado durante un determinado plazo de tiempo de poner fin a esa situación inhumana. Una vida digna debería tener como final también una muerte sin torturas ni sufrimientos inútiles.

Posiblemente no sea el momento político más adecuado para debatir sobre una cuestión tan trascendental que la humanidad lleva planteándose desde, por lo menos, la antigua Grecia. Pero también es cierto que, al menos desde la muerte de Ramón Sampedro, tenemos una asignatura pendiente que más pronto o más tarde deberemos aprobar si no queremos quedarnos anclados en las tinieblas. Ahora bien, antes de despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido deberíamos disponer de un sistema sanitario que garantice unos cuidados paliativos integrales y de calidad para aliviar muchos de los sufrimientos relacionados con las enfermedades degenerativas o con procesos cancerosos que no han respondido adecuadamente a los tratamientos.

La asistencia sanitaria en nuestro país ha sufrido en los últimos tiempos un proceso de deterioro progresivo debido, por un lado, a la crisis económica y a los drásticos recortes y, por otro, a la excesiva tecnificación de la medicina. Cuando uno va al médico tanto de atención primaria como al especialista es fácil constatar que suelen estar más pendientes de los datos del ordenador que del paciente que tienen ante ellos. Las consultas suelen estar saturadas y los médicos se ven abocados a focalizarse más en la enfermedad y menos en la persona que la padece.

Nuestro país tiene una querencia histórica a anclarse al pasado y a despreciar la modernidad. El conflicto catalán ha reabierto la vieja cuestión del nacionalismo y nos ha arrastrado a todos a vivir los momentos más tensos de la corta historia de nuestra democracia. En vez de discutir sobre la autodeterminación de los distintos territorios que forman nuestra nación, deberíamos preguntarnos si los ciudadanos, en determinadas situaciones clínicas humanamente indignas, deberían poder decidir acabar con sus vidas de una forma digna y médicamente asistida. Auto-de-terminación al final de la vida en vez de autodeterminación territorial. Una ley que despenalice la eutanasia y el suicidio médicamente asistido debería contar con el apoyo en el parlamento de cerca del 80% de los diputados, como ha ocurrido en países como Holanda o Bélgica. Pero aquí, me temo, que este debate está fuertemente impregnado de oportunismo político.

Para terminar, las facultades de medicina deberían formar a los médicos no solamente para curar enfermedades sino también para ayudar a los pacientes a afrontar el proceso de morir. Hay que recordar que el nacionalsocialismo alemán ejecutó un programa de eutanasia que debería estar en las antípodas de lo que se entiende por eutanasia en una democracia consolidada. Si el Holocausto judío se explica en las escuelas y colegios de la Unión Europea, el programa de eutanasia nazi se debería introducir en las facultades de medicina para que los médicos tomen conciencia sobre lo que nunca se debería hacer.