EDITORIAL | Mayor control de las compatibilidades médicas

Optimizar al máximo la calidad asistencial de la sanidad pública es el objetivo que deben perseguir las administraciones competentes y para ello deben utilizar todos los recursos a su alcance, también el control de las autorizaciones de compatibilidad otorgadas a los profesionales sanitarios para que ejerzan en consultas privadas. El Procurador del Común pone el dedo en la llaga cuando alerta de que existe cierta dejadez por parte de los gestores a la hora de realizar una supervisión al respecto y pide una «estricta sujeción» a las condiciones pactadas en este régimen de compatibilidades.

Casi la mitad de los facultativos especialistas del Sacyl está adscrito a esta doble faceta profesional, una condición perfectamente legítima si se cumplen las normas y si no se pierde de vista cuál debe ser la prioridad para garantizar la supervivencia del sistema. Nadie debe temer porque se ejercite un mayor seguimiento de estas compatibilidades pues es una obligación de la administración y se evitará caer en especulaciones que sólo pueden verter sombras sobre una labor profesional en general impecable.

Más allá del lógico debate que genera este régimen de compatibilidades, a priori es preocupante que el Procurador del Común reclame una mayor verificación de estos cometidos. Lo cierto es que son muchos los frentes que se le abren a diario a los gestores de la sanidad pública y, por ello, las dudas sobre este tipo de actuaciones debe ser borradas del mapa sin mayores dramas.