De mediadores y notarios
L a aceptación por el Gobierno de la figura del «relator», un personaje neutral que asista a las reuniones de la futura mesa de partidos sobre Cataluña, ha levantado gran polvareda. Si los soberanistas consideran que se ha atendido una de sus demandas legítimas, la oposición conservadora al gobierno central habla de «puñalada a la justicia» y de «traición a España». Un sector del PSOE también se ha manifestado en contra de tal concesión.
De lo único que no cabe duda es de que tal aceptación, justificada por la vicepresidenta Carmen Calvo, es un gesto hacia el independentismo. Quizá insuficiente para que los soberanistas terminen apoyando el proyecto presupuestario pero desde luego tendente a facilitar el diálogo. Un diálogo que todavía han de definirse para que todos sepamos de qué estamos hablando. De momento, hay un diálogo Gobierno-Generalitat, protagonizado por Carmen Calvo, de un lado, y por Elsa Artadi y Pere Aragonés, de otro. Pero también se planea una ‘mesa de partidos’ sin concretar. Mientras dure esta confusión, será difícil avanzar en la distensión, primero, y en el acuerdo, más tarde.
Dicho esto, procede examinar la designación de este ‘intermediario’. En principio, es irrelevante que haya en las reuniones un secretario, un fedatario (Iceta), una figura casi notarial (Artadi) que tome nota de los debates y de los acuerdos, redacte un acta y la someta a aprobación de los intervinientes. Pero si no se peca de excesiva ingenuidad, es inevitable que surja cierto recelo cuando la exigencia soberanista del «relator» coincide con la publicación de los 21 puntos exigidos por Torra a Sánchez, el tercero de los cuales es «Mediación internacional para negociar en igualdad». El sentido profundo de la demanda se entiende del todo cuando se conoce que el punto 2 de la referida lista es «Hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Cataluña».
Al llegar a este punto en el análisis, la ambigüedad debe despejarse. Ni existe en España el derecho de autodeterminación para los territorios de soberanía, ni el Gobierno de la nación va a negociar cuestiones de índole territorial con el gobierno catalán. El gobierno de la Generalitat está jerárquicamente sometido al del Estado, de forma que no cabe una negociación de igual a igual, y el concepto de mediación, en derecho internacional, establece una simetría inaceptable en la reivindicación secesionista.
En definitiva, la mediación es inadmisible (y claramente el Gobierno Sánchez no la ha aceptado) y la intervención en las negociaciones de un relator/fedatario es irrelevante, pero puede inducir a la sospecha de que se ha condescendido más de la cuenta en asuntos que no son, por su propia naturaleza, negociables.