Promesas electorales = Impuestos

H ace unas semanas analicé las diversas propuestas electorales en materia de impuestos de los grandes partidos de ámbito nacional, quedando cosas en el tintero, ya que la materia ciertamente daba de sí. Ante las próximas elecciones Europeas, Autonómicas y Locales, resulta más complejo abordar en su conjunto las diferentes ofertas dada su heterogeneidad, por lo que me voy a concentrar en la birregional Comunidad de Castilla y León.

Cuando en el imaginario público se piensa en Hacienda, le viene a uno a la mente inmediatamente Montoro/Montero, apareciendo las Autonomías como administraciones amables que se dedican a dar servicios tan importantes y perceptibles por el contribuyente como educación o sanidad, sin que nos paremos a pensar que suponiendo cerca de la mitad del gasto del Estado, nos someten a un importe esfuerzo fiscal mientras que el malo de la película es el Gobierno central.

La Ley 8/2017 de 28 de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para 2018 (no se llegó a aprobar la de 2019) estimaba unos ingresos de 10.859 millones de euros, los cuales, en base a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común, se componen principalmente de:

1.- Tributos cedidos por el Estado: 50% del IRPF, 50% del IVA, 100% del Impuesto sobre Sucesiones, 100% del Impuesto sobre el Patrimonio, 100% del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y participación en determinados impuestos especiales, entre otros.

2.- Tributos propios, que alcanzan la magra cifra de 222 millones de Euros (residuos, juego, depósitos…), es decir, únicamente el 2% del total.

3.- Participación en diversos fondos: de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, de Suficiencia Global, de Competitividad o de Cooperación.

Dentro de los tributos cedidos, las Cortes de Castilla y León tienen competencia normativa sobre determinados parámetros del IRPF, pero donde de verdad se nota su mano es en Sucesiones y Patrimonio llevándonos a los primeros puestos de la tributación más alta de España. A esta situación he hecho referencia en estas páginas en el El chollo de heredar en determinadas regiones (30 de marzo de 2017) e Incentivos fiscales o el último que apague la luz (11 de noviembre de 2017). En las citadas Tribunas me posicionaba a favor de suprimir el Impuesto sobre Sucesiones entre familiares directos y rebajar la tributación hasta el tercer grado. Habrá quien piense que tributan sólo los ricos, pues prueben a hacer una donación a un hijo o hereden pisos invendibles por falta de mercado o por tener inquilinos de renta antigua. O piensen en el frecuente supuesto de hermanos o tíos y sobrinos que sólo están exentos por los primeros 7.993,46 euros pudiendo en estos casos elevarse el tipo impositivo marginal máximo hasta el 81,6%.

También me manifestaba a favor de la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, como se ha hecho en toda la Unión Europea, incluida Francia desde 2017, país depredador fiscal por excelencia e incluso fue suprimido de facto por Zapatero en 2008 para volver a reintroducirlo con carácter temporal en 2011 en plena debacle económica. Un impuesto que en Castilla y León sólo recauda 38 millones de euros, el 0,35% del presupuesto, hace pensar que no es ningún fake news ni leyenda urbana que hay personas que buscan predios más favorables para asentar su residencia fiscal, en una suerte de despoblación tributaria. En Madrid no se tributa por Sucesiones entre familiares directos, ni en Patrimonio. Estadísticas de la Agencia Tributaria nos muestran que Madrid sigue incrementando año tras año el número de personas con patrimonios que tributarían si sus titulares residiesen en otras regiones. El contribuyente se ahorra el impuesto, pero Castilla y León pierde la parte del león, ya que no recaudaría el 50% del IRPF, que iría a parar a la nueva Comunidad de residencia.

Obviando partidos minoritarios o locales, pasemos a ver qué dicen al respecto aquellos con representación en las Cortes de Castilla y León:

—Podemos.Equo propone en el punto 160 de Garantiza el cambio, rebajar el mínimo exento de Sucesiones de 400 mil a 200 mil euros y subir los tipos. Y en el punto 161, reducir el mínimo exento en Patrimonio de 700 mil a 500 mil euros, subiendo tipos del 0,3 al 3,75, ¡anuales!. Teniendo en cuenta que el bono español, activo sin riesgo por excelencia renta a 5 años el 0%, estando en negativo los vencimientos inferiores y que los depósitos a plazo fijo no pagan prácticamente nada, pretender hacer tributar un patrimonio por el mero hecho de su existencia, no deja de ser una expropiación encubierta, máxime cuando para conformarlo ya ha sido gravado y que cualquier ingreso que produzca tributaría por IRPF.

—En 100 compromisos para Castilla y León Luis Tudanca, no se hace ninguna mención a estos impuestos. Un adelanto, ya que durante la pasada legislatura el PSOE abogó por su subida. En Madrid, Gabilondo ya ha manifestado su intención de reimplantarlos.

—El PP, en Centrados en Castilla y León, propone en su punto 96 suprimir en la práctica la tributación del Impuesto sobre Sucesiones entre familiares directos. Bienvenidos, ya que ha costado un gran esfuerzo que hayan accedido a subir el mínimo exento desde 200 mil hasta 400 mil euros en esta legislatura en la que el candidato Alfonso Mañueco se sentaba en las Cortes. Y no lo han hecho por convencimiento sino por falta de mayoría absoluta y en una negociación con Ciudadanos para aprobar los correspondientes presupuestos. Y además no de una vez, sino en tres tramos, el 1 de Julio de 2016 (250 mil), el 4 de Julio de 2017 (300 mil) y el 28 de diciembre del mismo año (400 mil). Qué diferencia con la Comunidad de Madrid, que bajo la presidencia de Esperanza Aguirre, el verso suelto liberal del PP suprimió el impuesto para familiares directos desde el 1 de enero de 2006. Por cierto, del Impuesto sobre el Patrimonio no se dice nada en el programa.

—Ciudadanos propone en el punto 6 de su programa la bonificación del 100% del Impuesto sobre Sucesiones en herencias entre parientes directos, pero añade como novedad la misma desfiscalización para las donaciones y la rebaja sustancial de herencias entre parientes más lejanos. Recordemos que en Madrid ya consiguió a partir del 1 de enero de 2018, rebajar las herencias entre hermanos en un 15% y entre tíos y sobrinos un 10%. Si a ello sumamos que en el punto 46 del programa para el Ayuntamiento, «¡Vamos! León», se contempla una rebaja de Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (coloquialmente llamado «Plusvalías»), que también grava las herencias, parece que el problema se aborda de forma global. En cuanto a Patrimonio, punto 7, aplicará una bonificación adecuada «para evitar que los activos y las potenciales inversiones se vayan de nuestra comunidad».

Finalmente, debe recordarse que la Constitución establece en su artículo 31.1 que el sistema tributario ?«en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Cuando en una pandilla se pretende que uno pague siempre por el mero hecho de que tiene más, éste acaba buscándose otra pandilla.